Las medidas son la prohibición de salir del país y presentarse todos los jueves a firmar a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La audiencia inicial fue programada para el próximo 16 de enero de 2019.
La Unidad Fiscal Especial Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Ufecic) y el Ministerio Público habían presentado un requerimiento fiscal contra los parlamentarios en noviembre de 2018.
Tanto Medina como Rivera Callejas fueron señalados de falsificar documentos públicos en perjuicio de la fe pública y contra la forma de gobierno.
Por estos señalamientos también se presentó un requerimiento fiscal contra los diputados Román Villeda Aguilar y José Tomas Zambrano. Sin embargo, solo a Villeda Aguilar se le dictó un auto de formal procesamiento, mientras que Zambrano recibió un sobreseimiento definitivo.
La fiscalía buscaba probar que las personas requeridas 'aprobaron anómalamente la Ley de Presupuesto, con lo cual habrían violentado la voluntad del pleno del Congreso, con la finalidad de crear una ley que favorecería a diputados que estaban siendo procesados por el mal manejo de fondos públicos, delito que fue llamado 'Red de Diputados''.
Según la Maccih, 'el caso denominado 'Pacto de Impunidad' se originó el 11 de diciembre del año 2017 cuando la Ufecic, con el apoyo de Maccih-OEA, presentó requerimiento fiscal en el caso “Red de Diputados” contra los diputados al Congreso Nacional Augusto Domingo Cruz Asencio, Héctor Enrique Padilla Hernández, Audelia Rodríguez Rodríguez, Dennys Antonio Sánchez Fernández y Eleazar Alexander Juárez Saravia y tres extraneus (cómplices) por el delito de Malversación de Caudales Públicos, relacionado al manejo de fondo sociales'.
