El pasado 1 de junio de 2021 la Misión de Observación Calificada, que da seguimiento al juicio de Cáceres, reveló en un comunicado que hay 'indicios de complicidad criminal de otros actores en el hostigamiento de Berta Cáceres, el COPINH, y la comunidad de Río Blanco, y en la planificación y logística del asesinato'.
La información procede del vaciado telefónico del gerente de la empresa Empresa Desarrollos Energéticos (DESA), Roberto David Castillo, quien es considerado el presunto autor intelectual del asesinato de la ambientalista, y otros implicados que ya fueron condenados, como parte de las pruebas evacuadas por el Ministerio Público en el juicio contra el hondureño.
“Tales revelaciones apuntan a la necesidad de seguir investigando posibles delitos relacionados con el asesinato, cometidos por personas que aún no han sido procesadas. Cabe notar que esta información ha estado en manos del Ministerio Público durante varios años y fue expuesta a través de la participación activa de las víctimas y sus acusaciones particulares en el juicio”, menciona parte del comunicado.
El juicio contra Castillo se encuentra prácticamente en la última etapa y, según familiares de Cáceres, todavía falta que testifiquen dos personas y que el Ministerio Público presente más evidencia.
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“El Ministerio Público ya presentó varios peritajes y testimonios que apuntan a la culpabilidad del señor Roberto Castillo y en este momento nosotras, a través de nuestros abogados, también presentamos pruebas que consisten en cuatro testimonios y faltan dos más y un peritaje que está relacionado con género y la violencia que se da desde la empresa, de la cual el señor David Castillo era presidente, contra Berta Cáceres”, explicó Laura Zúniga, hija de la ambientalista.
Zúniga comentó que la perito Gladys Tzul Tzul afirmó que la muerte de Cáceres era un femicidio territorial, pero que lastimosamente la legislación de Honduras no tenía esa figura cuando ocurrió el crimen. “No podemos acusarlo de femicidio sino de asesinato por la legislación”, dijo.
Castillo es investigado como el actor intelectual del crimen contra la ambientalista, pero con excepción de otros siete detenidos por el caso es el único que sigue en juicio.
En 2018 fueron condenados por su participación Sergio Ramón Rodríguez Orellana, gerente del área social, ambiental y de comunicaciones de DESA; Douglas Geovanny Bustillo, jefe de seguridad de DESA y Mariano Díaz Chávez, jefe de Inteligencia del Primer Batallón (2015) y Mayor de las Fuerzas Armadas hasta su arresto.
Asimismo, Edilson Atilio Duarte Meza, Óscar Aroldo Torres Velásquez y Elvin Heriberto Rápalo Orellana, quienes fueron los sicarios. Henrry Javier Hernández, según las investigaciones, fue la persona que reconoció la casa de Cáceres y dirigió a los sicarios.
Cuestionan las pruebas
De acuerdo con Juan Carlos Sánchez, abogado defensor de Castillo, hasta el momento solo se han evacuado las pruebas presentadas por el Ministerio Público y el 50% de las facilitadas por los abogados de la familia de Cáceres, pero afirmó que el proceso ha estado lleno de 'irregularidades'. Ellos todavía no han presentado ninguna prueba.'Una de las pruebas más importantes que era la vinculación telefónica que se hizo a través de un perito, quedó evidenciado que lo que veníamos denunciando desde el inicio era cierto, la pérdida de más de 17.2 gigas de información de los teléfonos de Berta Cáceres', afirmó Sánchez.
El abogado también resaltó que se 'editó la información' de los chats, es decir que, la perito Brenda Barahona cruzó los mensajes que se mandaron a los grupos, pero realmente no tenían una secuencia tal como se enviaron, por lo que le 'daba otro sentido' a la conversación.
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También resaltó que se perdieron varios mensajes del teléfono de Cáceres -que fueron recuperados por expertos norteamericanos que ellos contrataron- donde 'se denotaba qué tipo de relación había entre David y Berta Cáceres, que era una relación de amistad' y no tenía necesidad de darle 'seguimiento porque había una comunicación constante'.
'Incluso ella le decía cuando iba a salir del país, dónde iba, iba estar allá, acá. Era una relación de cordialidad y mucha confianza', afirmó.
La defensa de Castillo aseguró que han expuesto varias irregularidades por parte de los peritos, incluida la relación de otros otros involucrados que no se han investigado, porque hay tres números a los que los autorres materiales llamaron antes, durante y después del asesinato de Cáceres.
Más de cinco años de espera
Laura Zúniga, hija de Cáceres, recordó que hoy se cumplen 63 meses desde su asesinato, un proceso que catalogó de “doloroso porque nos damos cuenta cuánto ha pasado sin Berta Cáceres”, dijo con voz pausada.“Esperamos del proceso lo que debería de producir: justicia. La culpabilidad del señor Castillo ha sido comprobada fuertemente, con pruebas que tienen que ver con análisis, pruebas científicas y testimonios”, especificó.
Agregó que todavía faltan los asesinos intelectuales y que el Estado debe investigar, sobre todo por el impacto a nivel internacional.
Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en su casa de habitación en La Esperanza, Intibucá.