Tegucigalpa, Honduras.- Luego de la sentencia dictada por el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la que se declaró la inconstitucionalidad de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), no existe ningún recurso legal que se pueda interponer contra ese fallo.
Los entrevistados por EL HERALDO sostienen esta tesis, argumentando que un fallo decretado por el máximo órgano de justicia, al menos que sea en materia de derechos humanos, puede tener una objeción si se hace desde el ámbito internacional.
Mario Díaz, magistrado de la Sala Penal de la CSJ, confirma que “contra una sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia ya no cabe recurso alguno; eso ocurre en otras instancias, pero a nivel de una sentencia del orden de la Corte Suprema ya no cabe ningún recurso”.
Díaz, explica que el pleno de magistrados de la CSJ es el último espacio jurídico y legal que tiene cualquier ciudadano hondureño para poder interponer sus demandas.
Respaldo a esta teoría
El abogado y catedrático especialista en materia constitucional, Oliver Erazo, avala esta teoría de Díaz, aseverando que, en efecto, no hay recurso alguno para contrarrestar ese veredicto.
“No cabe un recurso como tal. Se puede solicitar la nulidad de la sentencia por algún vicio de nulidad que algún sector de la ciudadanía hondureña pudiera considerar que pudiera contener”, señala Erazo.
Con la misiva de que todos los hondureños están en la obligación de proteger las Constitución de la República, es el amparo correcto para incoar una nulidad sobre ese fallo, pero si existiesen los elementos necesarios para solicitar esa nulidad.
Es cosa juzgada
Desde el momento que la sentencia sobre las ZEDE fue firmada por el pleno de 15 magistrados, ésta ya adquirió el carácter de firme sin que haya sido publicada en el diario oficial La Gaceta.
“Una vez pronunciada y firmada, la sentencia adquiere su firmeza; hay algunas formalidades, pero eso no evita que la sentencia sea de cumplimiento obligatorio”, precisa el magistrado Mario Díaz.
Sobre las inversiones que ya estaban establecidas en el marco de las ZEDE, deberán de acogerse a cualquiera de los regímenes de inversión existentes, sin la necesidad de que deban de abandonar el país, según los expertos en derecho.
