Hace un mes, este mismo tribunal emitió un fallo absolutorio a favor de Renán Alexis Maldonado, Juan José Villeda, Luisa Sofía Figueroa y Elia Virginia Medina, que fueron acusados por violación de los deberes de los funcionarios públicos a títulos de autores materiales directos.
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También, a Juan José Villeda, Francisco Arturo Mejía, Roberto Mejía, Waldina Lizzette Salgado, Ada Amalia Puerto, Suyapa Rivera, señalados por fraude, y a Juan José Villeda por cohecho.
Tras la lectura de la sentencia, el cuerpo de defensores de los absueltos criticó que los fiscales están acusando a las personas con fotocopias.
“Vimos el proceso, vimos la presentación de pruebas del MP, un juicio basado técnicamente en fotocopias sin perjuicio que los elementos y medios de pruebas que fueron presentados no eran ni siquiera suficiente como para poder un grado de culpabilidad a las personas acusadas”, declaró el abogado penalista Juan Carlos Sánchez.
Cuestionó que en el momento de la acusación, “el Ministerio Público exhibió a estas personas, las vendió ante el pueblo como responsables de actos de corrupción. No va a hacer las mismas acciones mediante un comunicado, aceptando de que se equivocaron y de que un tribunal luego de un juicio ha declarado inocente a estas personas”.
Según la acusación presentada por el MP y bajo el acompañamiento de la desaparecida Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih), los acusados fueron parte de una red de corrupción que defraudó al Estado de Honduras utilizando a la Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable (UEPER) de la ENEE.
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“El fraude se producía al girar invitación para presentar ofertas para el equipamiento de la Unidad de Viviendas del Campamento Base en el Proyecto Hidroeléctrico Patuca III a un determinado grupo de empresas que se encontraban relacionadas entre sí, asignando contratos millonarios sobrevalorados y obviando los procedimientos legales”, subraya el requerimiento fiscal.
