La nueva Ley de Minería de Honduras sería una realidad antes de que finalice el primer semestre del año, de acuerdo al ministro de Recursos Naturales y Ambiente, Rigoberto Cuéllar.
Cuéllar, quien participó en la convención de la Asociación
de Exploradores y Desarrolladores de la Industria Minera de Canadá (PDCA por sus siglas en inglés) en la ciudad de Toronto, dijo en una entrevista exclusiva a EL HERALDO que el nuevo marco de regulación para la actividad minera en Honduras sería aprobado a más tardar en junio de 2012.
El funcionario indicó que previo a la aprobación de la ley, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) ha solicitado que la misma sea revisada por expertos internacionales, lo que será posible mediante convenios ya pactados con los gobiernos de Canadá y Chile.
“Honduras yo creo que está dando un paso importante ahora. En realidad la pregunta ya no es si queremos una nueva Ley de Minería. Necesitamos una nueva Ley de Minería, siquiera para regular la actividad que ya se está realizando en el país. La pregunta es hacia dónde queremos llevar la actividad minera con esta nueva ley: ¿la queremos promover o la queremos desincentivar?”, comentó.
Añadió que “la ley es una ley lógicamente controversial, pero debe ser controversial. Yo creo que es una ley que impacta tanto en todos los ciudadanos hondureños y en todos los sectores que deseen decir algo al respecto deben tener la oportunidad de hacerlo”, sostuvo.
El reto del gobierno será garantizar la explotación sustentable de minerales mediante la instalación de un órgano contralor que se encargaría de vigilar la actividad minera.
La Serna actualmente controla el proceso de cierre de la empresa Entre Mares, tras la controversia desatada por la contaminación de agua en el valle de Siria, El Porvenir, al norte de Francisco Morazán, que afectó a cientos de pobladores de la zona.
Dicho cierre, señaló Cuéllar, “ha sido muy exitoso y también se da cuenta de qué tan infundados están técnicamente algunos temores; por ejemplo, esa negativa que hay a la minería a cielo abierto”.
El funcionario explicó que visualmente, la exploración a cielo abierto es más grotesca; sin embargo, esto no significa que exista un menor impacto con la subterránea. “Es muchísimo más segura la de cielo abierto y es más fácil de cerrar y reconstruir después”, aseguró.
Cuéllar citó los casos de Chile y Canadá, países cuya economía se basa en gran medida en la explotación minera y que actualmente han alcanzado altos niveles de desarrollo.
Con respecto a la dilación con la que se ha manejado el proceso de aprobación de la ley, afirmó que “compromiso político existe, lo que pasa es que queremos ser responsables al respecto”.
De igual manera, remarcó que países vecinos como Nicaragua, que en poco tiempo ha superado a Honduras en la materia y en exportación de oro, han logrado grandes avances en los últimos años.
“Mientras tanto, nosotros estamos perdiendo terreno también en Centroamérica en lo que es el tema minero y recordemos que los precios actuales de ciertos minerales, como es el caso del oro, son propicios ahora para poder promover” la minería a través de empresas responsables social y ambientalmente.
Por su parte, los inversionistas buscan “un marco regulatorio, un marco jurídico adecuado y además que le dé alguna seguridad”.
“La ley es un buen inicio si queremos llamar la inversión sobre el sector y sobre todo si queremos llamar a incentivar al sector serio minero”, agregó.
Una de las ventajas de Honduras, de acuerdo a Cuéllar, es que ya cuenta con una tradición minera conocida en el extranjero.
Cooperación internacional
Anteriormente, Honduras suscribió un convenio con el Ministerio de Minas de Chile para el asesoramiento de expertos en la materia para la revisión de la nueva ley.
En Canadá, la Secretaría de Recursos Naturales acordó con el Ministerio de Desarrollo la contratación de asesores con fondos canadienses para el análisis de la ley, lo que permitirá “garantizar que los estándares mínimos internacionales estén contenidos en la ley” y que la experiencia de estos dos países con conocimiento en la materia esté reflejada en la regulación.
Además, esta deberá avalar que todos los sectores involucrados, empresas mineras, gobierno central, locales y comunidades donde se realicen las explotaciones, obtengan beneficios de la actividad.
Control de la actividad minera
El titular de la Serna adelantó que una de las nuevas disposiciones contempladas en la ley es la creación del Instituto de Minería (que hoy se conoce como Defomin), que contará con la capacidad técnica y logística para realizar el monitoreo, control y seguimiento una vez que se otorga la licencia ambiental a las compañías mineras.
“Lo importante es garantizar en el campo, in situ, que las medidas de mitigación ordenadas en el proceso de licenciamiento se cumplan. Eso no se ha venido haciendo. Con la nueva ley se garantizaría que parte de los impuestos que se pagan también vayan orientados a fortalecer las instituciones auditoras”, enfatizó.
Otros aspectos como el canon y período de concesión fijados actualmente serían aumentados al entrar en vigor la nueva reglamentación.
“Se pretende hacer una ley más atractiva. El período de concesión también se aumentaría, no creo que lleguemos a como están otros países que lo dan de manera indefinida, como el caso de Argentina, Perú o Colombia; pero sí establecer términos de 20 a 30 años en una concesión que garantice a la empresa que puede recuperar su inversión”, subrayó.
Participación comunitaria
También se prevé el pago de un canon por derecho de concesión a los gobiernos locales y se somete a consulta de los ciudadanos la decisión de permitir la instalación de la industria minera en su territorio.
En la actualidad, el proceso para la entrega de una licencia exige la socialización del proyecto con las comunidades y que estas se pronuncien a favor, mediante la certificación del acta de cabildo abierto donde se apruebe la instalación.
En casos polémicos, la decisión comunitaria sería regulada por un proceso de votación a cargo del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Honduras.
“Eso obliga a las empresas a tener que interactuar directamente con las comunidades para que ya no se vean como simples beneficiarios, sino que encuentren la manera de convertirlos en verdaderos socios del proyecto porque al final, en la medida en que las comunidades se apropien del proyecto, ellos mismos lo defenderán”, manifestó Cuéllar.
La Dirección de Fomento a la Minería de Honduras (Defomin) mantiene bajo estudio más de 200 solicitudes de concesión sin otorgar, 104 de compañías chilenas y canadienses, debido a la veda decretada por el gobierno sobre minerales metálicos, a la espera de la aprobación de la nueva Ley de Minería.
Otras 125 solicitudes fueron presentadas por la compañía Braeval Minera Honduras S.A., que planea explorar terrenos ubicados en su mayoría en la zona sur del país.
El Poder Ejecutivo contemplará modificar la veda a parcial a efecto de que algunos minerales que no tengan grandes repercusiones ambientales puedan ser comercializados.
