Tegucigalpa, Honduras.- La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) mostró su preocupación por recientes hechos violentos que se registraron en contra de organizaciones campesinas en el Bajo Aguán.
De acuerdo a la información recibida por el Alto Comisionado de la ONU, las cooperativas campesinas que aglutina la plataforma agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán han sido víctimas de desplazamiento forzado, intimidaciones y muertes violentas durante los últimos años.
“Las cooperativas han sido víctimas de al menos dos muertes violentas por arma de fuego, desplazamiento forzado de al menos 150 familias, así como múltiples actos de intimidación y amenazas”, establece el comunicado.
El pasado lunes 27 de enero se registró un violento enfrentamiento entre pobladores de Quebrada Arena, en Tocoa, Colón y los campesinos organizados, que dejó como resultados al menos tres personas heridas por arma de fuego y un supuesto intento de secuestro.
Según Naciones Unidas, los presuntos responsables de esos hechos serían estructuras del crimen organizado que estarían generando una fuerte ola de violencia en la zona.
Ante eso, la OACNUDH hizo un llamado urgente a las autoridades hondureñas para proteger a las comunidades campesinas.
“A fin de responder de manera efectiva a estos incidentes violentos y garantizar la protección de las familias de las cooperativas campesinas del Bajo Aguán, OACNUDH llama al Estado a adoptar medidas urgentes de protección y a cumplir con sus obligaciones de debida diligencia, mediante investigaciones exhaustivas, independientes e imparciales, y sancionando a todos los responsables, incluyendo a los actores intelectuales”, indicaron.
Conflicto histórico
La disputa de tenencia de tierras en Tocoa tiene sus raíces en los años 1970, cuando el Estado hondureño distribuyó terrenos a campesinos mediante programas de reforma agraria.
Sin embargo, es a partir de la reforma de 1992, impulsada durante el gobierno de Rafael Callejas, que esas tierras comenzaron a ser adquiridas por grandes empresarios, lo que intensificó las tensiones en la región, de acuerdo con el abogado Ludovico Hernández, docente de derecho agrario en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Desde entonces, la zona se ha convertido en un epicentro de conflictos agrarios, dejando alrededor de 200 personas asesinadas en tres décadas.
Entre las víctimas se incluyen campesinos, ambientalistas, defensores de derechos humanos, guardias de seguridad y autoridades locales.
Para poner fin a los conflictos que por décadas se han registrado en la zona, el Alto Comisionado hizo un llamado para acelerar la implementación de un acuerdo entre el actual Gobierno y la plataforma agraria que se firmó en 2022.
El acuerdo, a través de la comisión de la verdad del Bajo Aguán, aborda las causas que dieron origen al histórico conflicto agrario en la zona.