Tegucigalpa, Honduras.- Ante la presentación del requerimiento fiscal en contra del precandidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, desde la clase política se encienden las alarmas frente a una posible cacería de opositores desde el Ministerio Público (MP).
A pocas horas de que el órgano de justicia presentara el requerimiento contra el exedil capitalino, ya trascienden denuncias de más acusaciones en contra de actuales diputados y del exgeneral Romeo Vásquez Velásquez.
“Los comunistas en el poder pretenden emitir un requerimiento fiscal fabricado en mi contra como parte de su campaña de persecución política. Convoco a los medios y al pueblo a una conferencia de prensa este lunes 14 de octubre a las 10:00 de la mañana, donde daré más detalles”, dijo el exjerarca militar, Romeo Vásquez.
Sobre el mismo tema, el diputado nacionalista Daniel Discua alertó a través de su cuenta de “X”, la presentación de una lluvia de requerimientos fiscales en contra de al menos 16 congresistas de su bancada, los que serán presentados la próxima semana.
“Se nos ha informado sobre un requerimiento fiscal en las próximas horas para 16 compañeros diputados con el único objetivo de golpear a la oposición y continuar la persecución política”, advirtió.
Inhabilitaciones
A pesar de las denuncias sobre la intención de Libertad y Refundación (Libre), de buscar inhabilitar a los competidores más fuertes de la oposición política, diversos sectores coinciden que los candidatos aún con prisión preventiva pueden participar en las elecciones.
“Sabemos que solo las personas sentenciadas, en realidad, son las que están inhabilitadas y en ese sentido en el reglamento no quedó establecido, pero persiste en la ley y veremos que se hace en el estamento jurídico”, explicó la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López.
Continuó: “Es parte de nuestro derecho interno, de nuestra Constitución, además la jerarquía normativa que establece inicialmente la Ley Electoral nos indica que esto que está en contravención de todo el estamento jurídico, tendrá que ser evaluado a la luz de qué ley esta encima de las demás (leyes) en este sentido”.
De su lado, el abogado Constitucionalista Oliver Erazo es del criterio que “mientras tanto (no exista sentencia firme) puede seguir corriendo su postura política, aunque esté siendo procesado, lógicamente habrá que ver cual es el desarrollo de estás acciones judiciales”.
Augusto Aguilar, exmagistrado del extinto Tribunal Superior Electoral (TSE), detalló que “efectivamente él (Nasry Asfura) puede incluso recluido, si no hay sentencia firme, tener el derecho de participar en el proceso electoral”.
En opinión dividida, el analista Raúl Pineda explicó que “a Nasry Asfura lo inhabilitarían para la aspiración política si después del requerimiento fiscal se le da auto de formal procesamiento”.
La Constitución de la República, en los artículos 199 y 240 sobre las restricciones para buscar la presidencia o una diputación, establece que no existe ningún tipo de restricción que inhabilite a un candidato o político al que le sea presentado requerimiento fiscal.
Presentación en 10 días
Luego del requerimiento fiscal contra Asfura, su apoderado legal Dagoberto Aspra, se apersonó la tarde del jueves al Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada, Corrupción y Medio Ambiente y presentó un escrito solicitando al juez que conoce la causa la presentación voluntaria de su defendido.
El juez tenía tres días para contestar la petición de presentación voluntaria, pero ayer resolvió ayer otorgando fecha.
El exalcalde de Tegucigalpa y otros siete exfuncionarios de la Municipalidad se presentarán el 21 de octubre próximo de “forma voluntaria” ante un juzgado tras ser citados por presunto lavado de activos, malversación de caudales públicos y fraude.
Asfura y los otros siete acusados han sido citados por el Juzgado Penal en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, y se presentarán a las 9:00 hora local del 21 de octubre, informó a periodistas la portavoz del tribunal, Bárbara Castillo.
Los ocho acusados comparecerán de “forma voluntaria” ante el juzgado de Tegucigalpa para una audiencia de declaración de imputado, señaló la portavoz judicial.
La acusación en contra de Asfura y sus cercanos colaboradores es por el desvío de 28.5 millones de lempiras.
