TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ante las pretensiones expuestas por la presidenta Xiomara Castro de convertir a Honduras en un Estado socialista, los diputados de la oposición le cierran las puertas a las intenciones del gobierno de convocar a una consulta popular para esa finalidad.
“En Honduras no hay ambiente, ni condiciones para realizar una consulta popular como lo planteo la presidenta en Cuba, debe recapacitar y despojarse de los malos espíritus que la rodean”, aseveró la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Claudia Ramírez.
Sobre el mismo particular la parlamentaria nacionalista Merary Díaz aseguró que “nosotros como bancada del Partido Nacional no podríamos apoyar una consulta que viola la Constitución, nosotros como oposición le hacemos un llamado a la comunidad internacional de los actos antidemocráticos que este gobierno está cometiendo”.
Desde la óptica del diputado liberal Marlon Lara, las intenciones para convocar a una consulta popular es utilizado por el gobierno como una cortina de humo o distractor de los verdaderos problemas que enfrenta el país.
“Nadie está interesado en apoyar una consulta, cuando hay miles de necesidades en el pueblo hondureño, eso no tiene ni pies ni cabeza”, afirmó Lara.
Al contar con una bancada de 50 diputados, las pretensiones para establecer una consulta popular se torna cuesta arriba para el oficialismo de Libertad y Refundación (Libre), porque necesitan tres cuartas partes (86 votos) para su aprobación.
Durante la cumbre del G-77 en La Habana, Cuba, la mandataria declaró: “Alcanzar el socialismo democrático es una misión y razón de ser para cambiar y mejorar, radicalmente, la calidad de vida de nuestra gente. Que se respete la consulta popular como la vía que hemos escogido para alcanzar este objetivo”.
Constitución
El artículo cinco de la Constitución expone el referéndum y el plebiscito como una de las formas de democracia participativa, sin embargo, solamente podrán ser convocadas por temas de importancia fundamental en la vida del país.
“El referéndum se convocará sobre un ley ordinaria o norma constitucional o su reforma aprobadas para la ratificación o desaprobación por la ciudadanía, el plebiscito se convocará solicitando a los ciudadanos un pronunciamiento constitucionales, legislativos o administrativos”, cita la carta magna.
