Las ciudades modelo enfrentan otro desafío: cómo despojar a los municipios de su jurisdicción sobre territorios identificados como futuras Regiones Especiales de Desarrollo (RED).
Para el desarrollo de estas zonas, Coalianza ha identificado tres zonas:
1) El Valle de Sico y Paulaya que comprende los municipios de Iriona, Colón; Brus Laguna y Juan Francisco Bulnes, en Gracias a Dios y la Biósfera del Río Plátano.
Una segunda área es Punta Castilla y se ubica entre los municipios de Trujillo, Santa Rosa de Aguán y Bonito Oriental, así como la Zona del Litoral Atlántico de Puerto Castilla que incluye el municipio de Trujillo.
2) La zona del Valle de Cuyamel, comprendida entre los municipios de San Pedro Sula, Choloma y Omoa, en Cortés; la zona fronteriza con Guatemala, en el sector conocido la barra del Río Matagua.
3) La región del Golfo de Fonseca, en un área geográfica comprendida entre Choluteca, Marcovia, Pespire, San Antonio de Flores y San Isidro en el departamento de Choluteca.
Así también Nacaome, Alianza, Amapala, Goascorán, Ampala, Langue, San Francisco de Coray y San Lorenzo, en Valle.
En virtud de que estas zonas identificadas están bajo jurisdicción de diversos gobiernos locales, el Congreso Nacional no ha explicado si estas alcaldías ya no tendrían jurisdicción sobre los vastos territorios.
Juristas consultados por EL HERALDO indican que la preocupación radica en que en el texto del artículo 329 de la Constitución de la República se añadió lo referente a las RED, concediéndole autonomía en su zona de influencia.
Para el caso establece que las RED “tienen personalidad jurídica, deben contar con su propio sistema de administración pública”.
“Deben contar con su propio fuero jurisdiccional de conformidad a lo dispuesto en el artículo 304 de esta Constitución, pueden firmar tratados y convenios internacionales en temas relacionados con el comercio y cooperación en materia de su competencia”, agrega.
Las RED se consideran de naturaleza urbana. Asimismo, refiere la autonomía en materias de presupuesto, impuestos, recaudación, administración de tasas y tributos, así como la celebración de todo tipo de contratos que se extiendan al siguiente período de gobierno.
Riesgos
A juicio del constitucionalista y asesor legal de Fiscalía General, Rigoberto Espinal Irías, la autonomía de los municipios desaparece donde se instalen las RED.
“Sí, lamentablemente crearía un conflicto territorial, porque el espacio terrestre de Honduras está dividido en municipios y agrupados en departamentos”, expresó el jurista.
La Constitución, en su artículo 294, define que el territorio nacional se divide en departamentos, quienes se dividen en municipios autónomos administrados por corporaciones electas por el pueblo.
Estas corporaciones municipales son independientes de los poderes del Estado.
El 299 establece que “el desarrollo económico y social de los municipios debe formar parte de los programas de desarrollo nacional”.
El siguiente precepto establece que todo municipio tendrá tierras ejidales suficientes que le aseguren su existencia y normal desarrollo.
Sin embargo, a las RED se les concede autonomía propia, sin que se reforme la división departamental y municipal.
Al no contar con autonomía se estaría atentando contra los municipios donde se afinquen las RED, al grado que, según Espinal, al no contar con independencia, no tendrían razón de existir.
“Hay peligro, están amenazados de sufrir este ataque directo a su propio ser, a su propia existencia”, alertó.
Explicó que la Ley de Municipalidades, Decreto 130-90, establece que cada municipio tiene un espacio territorial donde ejerce su jurisdicción sobre las personas que ocupa ese espacio, puede imponer ordenanzas, un sistema interno de cobro de impuestos y otros.
Al preguntarle si existe el riesgo de que las tierras hayan sido compradas ya por empresarios locales, interesadas en venderlas a un mejor precio a los futuros inversionistas, el jurista no lo descartó porque tales transacciones pudieron ser legales.
“Hay mucha sospecha y duda, esto no se ha manejado con la suficiente transparencia”, lamentó Espinal.
A su criterio, la única forma en como lograr que las RED no afecten la autonomía de los municipios es echar para atrás el programa, derogar la ley aprobada por el CN.
Improvisada
A criterio de Espinal Irías, la reforma que hizo el CN no está acorde con la Constitución y las leyes vigentes que indican que el punto de partida del desarrollo de Honduras es el municipio, no en zonas privilegiadas.
“El plan que quieren poner en acción con base a unas reformas constitucionales indebidas y casi maliciosas ha producido esto, porque no se ha dado participación, que se sepa, a la Amhon, quienes comprenden cuáles son las vías de desarrollo”, indicó.
A su juicio, fue innecesario reformar el artículo 329 porque ya establecía que Honduras puede planificar, de manera concertada con todos los sectores, sin exclusiones. “Son acciones administrativas improvisadas, sin estudios de campo, socioeconómicos”, puntualizó.
Puertos a las RED
Rafael Padilla, de la Barra de Abogados Anticorrupción, hizo su propio estudio jurídico sobre los alcances de conceder autonomía a las RED.
“Los municipios desaparecen”, coincidió el abogado. “A nuestro modo de ver los alcaldes municipales que representan los municipios deberían tener una gran preocupación por la creación de las ciudades modelo, porque en realidad desaparece esa forma de desarrollo basado en la división territorial municipal”, manifestó.
Asimismo, advirtió que los recursos de los municipios también pasan a las RED. “Especial afectación tienen las municipalidades de Puerto Cortés y San Lorenzo, ya que los puertos, en caso de desarrollarse dentro de estos términos municipales o dentro de esas zonas, los puertos pasan a manos de las RED y, en consecuencia, los municipios dejan de percibir los ingresos que obtienen en razón de los puertos”, alertó.
