La ley que aprobó y ratificó el Congreso Nacional para crear las Regiones Especiales de Desarrollo (RED), conocidas como “ciudades modelo”
o “ciudades libres”,
violenta de manera flagrante la Constitución de la República, por lo tanto debe ser derogada por la Sala Constitucional.
Esta fue la tesis que expuso el Ministerio Público cuando emitió su opinión, no vinculante, el pasado 25 de enero a la Sala Constitucional.
Esta posición ha cobrado vigencia porque, siete meses después de que se emitiera la misma, la Corte aún no resuelve sobre el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el Decreto Legislativo 283-2010 ratificado mediante el Decreto No. 4-2011. Dicho recurso lo interpuso un grupo de abogados el 18 de octubre de 2011.
Dictamen
La Fiscalía de Defensa de la Constitución se encargó de realizar un estudio técnico-jurídico de lo aprobado por el Congreso Nacional y el recurso interpuesto, llegando a conclusiones.
“Al hacer un estudio de la normativa constitucional se encuentra que el Decreto 283-2010 y su estatuto Constitucional violenta derechos y garantías constitucionales ya que atenta contra los elementos esenciales como ser El Pueblo, por cuanto de el emanan la soberanía; el Gobierno en cuanto a la forma de gobierno, el cual consagra el principio de división de poderes; y el Territorio como espacio geográfico sobre el que se ejerce la soberanía y por cuanto se atenta con el derecho a la propiedad privada, elementos que conforman la estructura del estado de derecho”, cita el dictamen.
A juicio del MP, “el presente Decreto en su totalidad vulnera uno de los principios fundamentales en los que descansa el Estado de Derecho, reconocido tanto en nuestro derecho interno como en el derecho internacional, como lo es, el principio de soberanía como fuente primaria de la forma de gobierno”.
En segundo punto el dictamen señala que las RED atentan contra la forma de gobierno al contar con su propio sistema de administración pública, crea la figura del gobernador con facultades semejantes a las del presidente de la República, el Consejo Normativo, similar al CN y su propio fuero jurisdiccional sin control del poder Judicial.
En cuanto al territorio, el MP consideró que el Decreto 283-2010 es atentatoria.
“Lesiona la integridad territorial al conceder a la RED parte de nuestro territorio nacional, al otorgar autonomía territorial en las diferentes áreas administrativas, judicial financiera etc. lo cual es prohibido por disposición constitucional”, cita.
Violación flagrante
Del análisis del MP se concluyó que el Congreso aprobó la ley violentando la Constitución.
“En consecuencia encontramos que el Decreto Legislativo No. 283-2010 que crea las Regiones Especiales de Desarrollo, (RED) y su Estatuto Constitucional violenta de manera flagrante y directa dichas disposiciones constitucionales respecto a la soberanía, forma de gobierno y territorio, en consecuencia al existir un conflicto entre la norma primaria y la norma secundaria, la ley en mención no es procedente aplicarla”, dictaminó el MP.
