En el Congreso Nacional (CN) se estaría gestando una violación a la Constitución de la República de Honduras, relacionada con la aprobación de las “ciudades modelo”.
De acuerdo al proyecto de ley que se presentó la semana anterior en el CN, se identificaron tres regiones donde se podría instalar la primera Región Especial de Desarrollo (RED) o “ciudad modelo”: Cuyamel, Sico y Paulaya y Punta Castilla, en el norte del país; y municipios colindantes con el Golfo de Fonseca, en la zona sur.
Según juristas, de aprobarse el proyecto en cualquiera de estas tres zonas del país se violentaría la Constitución, referido al territorio nacional.
“El artículo 107 establece que ningún extranjero puede ser propietario de terrenos dentro del área de 40 kilómetros con las fronteras de la República y colindan con las costas”, reseñó el abogado Fredín Fúnez.
“Precisamente han seleccionado tres lugares que colindan con las costas y colindan con la frontera de Guatemala, de qué estamos hablando, de una completa violación al territorio, a la forma de gobierno”, agregó.
El artículo 107 de la Constitución cita textualmente: “Los terrenos del Estado, ejidales, comunales o de propiedad privada situados en la zona limítrofe a los estados vecinos, o en el litoral de ambos mares, en una extensión de 40 kilómetros hacia el interior del país, y los de las islas, cayos, arrecifes, peñones, sirtes y bancos de arena solo podrán ser adquiridos o poseídos o tenidos a cualquier título por hondureños de nacimiento, por sociedades integradas en su totalidad por socios hondureños y por las instituciones del Estado, bajo pena de nulidad del respectivo acto o contrato”.
Este artículo no fue reformado por el CN para crear las “ciudades modelo”, solo el 304 y 329.
Por tanto, Fúnez considera que sería nula cualquier adjudicación de territorios costeros o limítrofe con otro país.
“Por lo tanto, esto constituye delito de traición a la patria”, afirmó. Asimismo, demandó que la Sala Constitucional, de la Corte Suprema, declare inconstitucional la reforma para crear las RED.
Para fines turísticos, económicos o sociales, deberá existir un dictamen aprobado por la Secretaría de Turismo si se pretende ceder bajo arrendamiento un terreno a un extranjero.
De maletín
Fúnez coincidió con las investigaciones publicadas en exclusiva por EL HERALDO, en las que se develan las inconsistencias de la empresa MKG Group, con la que Coalianza firmó una carta de intenciones.
EL HERALDO investigó que no existía ninguna empresa MKG dedicada a la infraestructura ni había rastros de la misma en internet. Producto de la investigación, se creó una página web carente de contenido, bajo el nombre Grupo MGK, en la que incluso aclaran que no tienen nexos con ninguna empresa que lleve igual o similar nombre.
“Lo buscamos en internet y no encontramos que esta empresa, MKG, sea una empresa dedicada a las inversiones de este tipo”, manifestó Fúnez, quien integra una asociación de juristas que interpuso el primer recurso de inconstitucionalidad contra las RED.
