Tegucigalpa, Honduras.- Hasta por siete delitos fueron declaradas culpables 15 reclusas integrantes de la Padilla 18, vinculadas al asesinato de 46 privadas de libertad, hecho ocurrido en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (Pnfas).
Por unanimidad de votos, el Tribunal de Sentencia en Materia de Criminalidad Organizada, Corrupción y Medio Ambiente, determinó que ellas incurrieron en los delitos de: asesinato, asesinato en grado de ejecución de tentativa inacabada, asociación para delinquir, incendio cualificado, porte ilegal de arma de fuego comercial, porte ilegal de arma de fuego de uso prohibido, porte de munición comercial y porte de munición de uso prohibido.
Las procesadas son: Claudia María Lemus Aceituno, Lesbia Ondina Rodríguez Orellana, Cherry Darling Guevara, Heidy Jackeline Palma Rivera, Karen Lorena Ávila Pavón, Leyla Rosmeri Figueroa Pavón, Susana Godoy Leiva, Francis Margarita Chavarría Ávila.
Además, Kenia Patricia Salinas Rivera, María del Carmen Contreras Castillo, Lourdes Eloísa Barrientos Turcios, Rosa Bertha Marroquín Almendares, María Cristina Cálix Salinas, Any Dayann Barahona Mejía y Dania Jakeline Maradiaga Flores.
El hecho criminal
El ataque mortal se produjo alrededor de las 7:30 de la mañana del 20 junio del 2023 contra las 46 mujeres, la mayoría de ellas miembros de la Mara Salvatrucha, MS-13, otras mujeres cercanas a esa estructura, contra dos exintegrantes de la Policía Nacional y otras dos exintegrantes de la Pandilla 18.
Los hechos probados detallan que el grupo de la Pandilla 18 utilizó 11 armas de fuego, armas punzocortantes, otros instrumentos filosos, tubos, palos y piedras.
Las pericias aportadas por el Ministerio Público (MP), derivadas de los levantamientos cadavéricos data que algunas reclusas tenían hasta 18 heridas contuso cortantes y diez disparos de armas de fuego de distintos calibres.
Entre tanto, 23 de las 46 fallecidas murieron a causa de asfixia por inhalación de monóxido de carbono y quemaduras extremas, al refugiarse en el módulo 1, tratando de escapar del asedio de las pandilleras de la 18, sin embargo, las hechoras rociaron gasolina en la entrada de ese módulo, matando a todas las que allí se escondían.
Las armas
El fallo judicial establece que entre las evidencias encontradas en el módulo siete de la Pandilla 18, están: siete teléfonos celulares, seis armas blancas corto punzantes, 15 cargadores de armas de fuego, una computadora, 173 proyectiles no percutados y las 11 armas de fuego.
Entre las armas de fuego habían desde pistolas tipo revolver, un fusil de asalto M-11, una mini uzi y varias pistolas calibre 9 milímetros.
El tribunal que conoce la causa reveló que “se encontraron más de 200 casquillos percutidos regados en todo el establecimiento penitenciario, además, de balas provenientes de las autopsias de las víctimas, las cuales al ser comparadas con las armas encontradas se pudo determinar que algunas de esas balas fueron disparadas por las armas descritas en el fallo”.
Las penas de prisión
Los hechos probados se desprende la comisión de 46 delitos de asesinato y según el artículo 193 del Código Penal se les deberá castigar con una pena de prisión de 20 a 25 años, por cada una de las muertes.
Teniendo en cuenta esta premisa, las sentenciadas podrían tener una condena de entre 920 y 1,150 años de prisión, sólo por el delito de asesinato, sin tomar en cuenta los demás delitos por las que fueron halladas culpables.
Entre los hallazgos develados en la audiencia de fallo destacan el hecho de que entre las armas recuperadas en el escena del múltiple crimen y establecido en un oficio del Departamento de Registro Balístico Nacional, “ninguna de las armas encontradas tenía reporte de robo y algunas de ellas tienen la identificación de dueño y estaban debidamente inscritas”.
Pero más sorprendente aún es que una de las armas usadas para cometer el hecho, según una agente de investigación que sirvió como testigo en el juicio, reveló que provenía del almacén de evidencias del Ministerio Público, ya que fue incautada por participar en otro delito previo.
Aparte de las 15 enjuiciadas, ninguna autoridad, ni agentes penitenciarias de la Pnfas fueron enjuiciadas por el caso, a pesar de que las fallecidas estaban bajo la custodia del Estado de Honduras.
De igual manera, se evidenció en juicio que las cámaras de seguridad grabaron a más privadas de libertad que estarían involucradas en la matanza, sin embargo, estas tampoco han sido identificadas y mucho menos judicializadas.
Las cámaras también captaron el caminar de algunas policías o agentes penitenciarias con su uniforme de reglamento sin que recibieron alguna amenaza de las pandilleras.
La individualización de la pena concreta será el próximo 23 de enero del 2025.
