TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Por no seguir línea partidaria e irrespetar sus estatutos, desde la filas del partido Partido Demócrata Cristiano de Honduras (PDCH) no descartan la expulsión del diputado Carlos Raudales por lo que la determinación sigue en proceso de análisis.
La posible determinación fue develada por el exdiputado y miembro de la comisión política de estrategia Felicitó Avila, quien argumentó que de ser tomada la determinación la DC no llegaría a quedar sin ningún tipo de representación.
“Se trata de identificar muy bien la toma de decisiones que debe tener el partido y en este caso, al partido le quedan alcaldes y regidores que lo sostienen de conformidad a la ley”, explicó Avila.
Apuntó que “por el contrario, el partido asume esa autoridad que tiene y controla y conduce, políticamente y no está a la expensa que hay un diputado que no orienta, no obedece ni mucho menos transita por donde debe ser la política del partido”.
De las principales causales que podría llevar a la expulsión de Raudales es el mantenerse plegado al oficialismo en votaciones como la adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento (CAF).
También se le criticó al parlamentario su integración a la comisión de diputados viajeros que fueron hasta Rusia.
Y es que desde la directiva de la DC no aprueban algunas de las últimas acciones emprendidas por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, lo que habría devenido en la posible expulsión de Raudales.
Rechazo al oficialismo
El partido DC meses atrás se pronunciaron en contra de la postura del gobierno. Como primer punto, el PDCH condenó enérgicamente la matanza en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) que dejó a 46 reclusas muertas, asegurando que se trató de “incapacidad, descuido y falta de previsión en el manejo del sistema penitenciario para evitar tragedias como las que con tanta frecuencia ocurren en estos centros, bajo la responsabilidad ineludible del Estado”.
Además se pronunciaron por la salida de la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, donde lamentaron que los hondureños tengan que irse del país hasta por expresar opiniones sobre asuntos de gobierno,, aparte de las razones económicas y la falta de oportunidades.
Calificaron como “sospechosa” la destitución del ministro de Seguridad y la salida del ministro de Transparencia, Edmundo Orellana, pues “lucían como dos funcionarios incómodos”.
De acuerdo a esta institución política, genera suspicacia que estos cambios se realiza a poco de la llegada de los expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que vienen a verificar la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH).
Según la DC, estos hechos anteriormente mencionados, hacen que el gobierno sea calificado como incapaz o lo suficientemente perverso para crear un caos, que justifique un golpe técnico a la Constitución de la República.
Asimismo consideraron como “irresponsable” las declaraciones de algunos funcionarios de referirse a la tragedia como “una conspiración para desestabilizar al gobierno”.
Concluyeron que la actual administración que se “autodesestabiliza” con propósitos que no pueden revelar.
