Tegucigalpa, Honduras.- Exigiendo la rendición de cuentas y deducción de responsabilidades legales se pronunció el Partido Nacional en relación con las declaraciones del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, que fueron calificadas como una postura política a favor del gobierno.
A través de un discurso, Hernández mostró apoyo en la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria, algo que fue cuestionado por diversos sectores al no ser una función constitucional de la institución castrense.
“Esa herramienta legal, cómo es la Ley de Justicia Tributaria, dónde nos dimos cuenta de muchas cosas, una de ellas la exoneración, hay 66 mil millones de lempiras al año beneficiando a un grupo reducido, en las matemáticas nos dice, de 10 familias, increíble”, declaró Hernández durante su discurso en los ascensos de las Fuerzas Armadas.
Desde el partido nacionalista consideraron que el titular de la institución castrense “rompió” la obligación constitucional y no mantuvo la neutralidad en su postura.
“Ha roto la obligación constitucional de mantener la neutralidad política de la institución castrense. Este tipo de intervención va más allá de lo que debería ser su rol”, aseguró el partido opositor a través de un comunicado.
Del mismo modo, señalaron que la postura de Hernández recuerda al ‘modelo venezolano’ donde el gobierno tiene el control del ejército a favor de Nicolás Maduro.
“Recuerda al modelo venezolano, donde los militares se han convertido en agentes de control para el gobierno tiránico de Maduro”, agregaron.
En ese sentido, hicieron el llamado a la rendición de cuentas y deducción de responsabilidades legales por actuar de Hernández, que fue considerado por la oposición por ‘fuera de la ley’
“Hacemos un llamado firme a los subalternos de Hernández para que exijan la rendición de cuentas y deducción de las responsabilidades legales correspondientes. El artículo 272 de la Constitución es claro, en consonancia, las Fuerzas Armadas no deben obediencia a aquellos que actúan fuera de la ley.
Además, explicaron que se debe garantizar la sanción a los responsables de no mantener la “imparcialidad” del Ejército, tal como lo ordena la Constitución de la República.
“Este episodio pone en evidencia la necesidad urgente de mantener la imparcialidad militar en Honduras, y garantizar que los responsables de este desvío de funciones sean sancionados de acuerdo con la ley”.
Por mostrar posturas a favor del gobierno, el partido nacionalista consideró que “la credibilidad y el futuro democrático de Honduras están en juego. No podemos permitir que nuestras Fuerzas Armadas se conviertan en peones de un gobierno que busca perpetuar su poder a toda costa”.
Por otro lado, calificaron las declaraciones de Hernández como una ‘amenaza a la democracia’ y recomendaron al jefe de las Fuerzas Armadas a concentrarse en sus funciones constitucionales en la defensa del territorio y soberanía.
“Hernández, en lugar de concentrarse en sus deberes constitucionales de defender la soberanía y el orden del país, se ha plegado a los intereses del narco-familión y de Libre, lo que constituye una grave amenaza a la democracia”, consideraron.
¿Qué dice la Constitución sobre la función de las Fuerzas Armadas?
El artículo 272 de la Constitución de la República ordena a las Fuerzas Armadas ser una institución “apolítica, obediente y no deliberante” y dice textualmente lo siguiente:
Las Fuerzas Armadas de Honduras, son una institución nacional de carácter permanente, esencialmente profesional, apolítica, obediente y no deliberante.
Se constituyen para defender la integridad territorial y la soberanía de la República, mantener la paz, el orden público y el imperio de la Constitución, los principios de libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República.
Cooperarán con la Policía Nacional en la Conservación del orden público.
A efecto de garantizar el libre ejercicio del sufragio, la custodia, transporte y vigilancia de los materiales electorales y demás aspectos de la seguridad del proceso, el Presidente de la República, pondrá a las Fuerzas Armadas a disposición del Tribunal Supremo Electoral, desde un mes antes de las elecciones, hasta la declaratoria de las mismas.
