Tegucigalpa, Honduras.- El Partido Nacional exigió este sábado un “¡alto a la persecución política!” a la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) tras que se conociera que hay un proceso legal contra diputados actuales y excongresistas por actos de corrupción.
“¡Alto a la persecución política! Rechazamos la guerra judicial de Ufecic (ahora Uferco) contra el Partido Nacional”, indicó la institución a través de un comunicado divulgado en redes sociales.
Los nacionalistas calificaron las investigaciones como “un claro ataque con fines políticos diseñado para debilitar a nuestra organización y socavar la democracia en nuestro país”.
Horas antes, el titular de la Uferco, Luis Javier Santos, reveló que presentó ante la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) diligencias previas para un juicio por actos de corrupción contra actuales congresistas y exdiputados.
Este caso, amplió Santos, deriva de las investigaciones desarrolladas por la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), a través de la Uferco, antes conocida como Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic), que también estuvo bajo el mando de Santos.
A juicio de los nacionalistas, “estas maniobras no son más que una herramienta de persecución utilizada por el partido de gobierno, Libre (Libertad y Refundación), para distraer a la ciudadanía de los problemas reales que enfrentan los hondureños”.
Casos sin fundamentos
De manera preliminar se conoció que la investigación salpicaría a al menos 34 personas, entre parlamentarios en el cargo y otros que ya no son parte del Congreso Nacional.
Aunque Santos no mencionó la afiliación política de los investigados, el Partido Nacional anticipó que se trata de un proceso legal “contra de 34 diputados y exdiputados nacionalistas”.
Se ha montado un “espectáculo judicial” para “disfrazar su incapacidad de gobernar” y que “carece de fundamentos legales y atenta contra los principios de justicia imparcial e independencia judicial”, denunció la organización política.
Además, emprender estas acciones legales, indicaron los nacionalistas, con las elecciones primarias tan cerca, a 100 días (programadas para el 9 de marzo de 2025), “tienen un objetivo oscuro: intimidar, dividir y debilitar al principal partido de oposición, que representa la esperanza de millones de hondureños”.
El Partido Nacional también elevó un llamado a la comunidad internacional a “poner atención a este preocupante retroceso, donde el gobierno de Libre manipula las instituciones de justicia como armas políticas”.
Persecución política
No es la primera vez que una investigación del Ministerio Público enfrenta señalamientos de persecución política. También se ha vertido una denuncia similar contra la acusación en curso contra el exalcalde capitalino y precandidato presidencial por el Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura.
La Fiscalía acusa a Asfura junto a siete exfuncionarios municipales de cometer un presunto desfalco de más de 28 millones de lempiras cuando era alcalde de Distrito Central (2014-2022).
El fiscal general Johel Zelaya compareció en cadena nacional en octubre pasado para revelar detalles de la investigación, lo que representó una violación a los principios de inocencia e igualdad, criticaron expertos y opositores.
