Tegucigalpa, Honduras.- En manos del pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) está dilucidar si el decreto legislativo 4-2022, conocido como Ley de Amnistía, es inconstitucional o no.
Como punto único en agenda, los 15 magistrados que hoy integren el pleno deberán, por mayoría de votos o por unanimidad, decidir si la polémica Ley de Amnistía es constitucional o no y si debería seguir en vigencia.
Debido a que los cinco magistrados que integran la Sala Constitucional no podrán ser parte de este pleno, cuatro de ellos por haber conocido el caso y uno por conflicto de interés con uno de los beneficiarios de esa ley, esas cinco vacantes deberán ser suplidas con cinco de los seis magistrados integrantes o suplentes, para completar 15.
Sin embargo, ayer se conoció que una de las que integrará este pleno será la abogada Anabelly Medina Moncada, quien no es magistrada suplente, si no, una de los 45 aspirantes a magistrado que quedó excluida en la lista final de elegidos en el reciente proceso de la CSJ.
Sobre ello, Nelson Mairena, actual magistrado propietario de la Sala Penal, dijo: “Conforme al Reglamento (Interno del Poder Judicial) debe llamarse a los abogados que figuraron en la lista de los 45 nominados por la Junta Proponente”.
Mairena recalcó que “de tal manera el llamado de la abogada Anabelly Medina es correcto, está de acuerdo con la ley y el reglamento que rige a la Corte Suprema de Justicia”.
La magistrada Odalis Nájera también se refirió a la eventual participación de Medina en el pleno, “ya en su momento fue llamada y juramentada la abogada Anabelly Medina”.
Medina sustituiría al magistrado Roy Pineda Castro, quien desde hace varios meses está convaleciente de salud y es tratado en el extranjero.
Defensa
Dentro de la administración de Xiomara Castro han defendido la Ley de Amnistía.
Enrique Flores Lanza, uno de los beneficiados, manifestó que “quienes están en contra del decreto son las personas que fueron responsables del golpe de Estado y que planificaron y ejecutaron esa persecución judicial”.
El asesor legal del gobierno agregó que “la ley es la encargada a través de los jueces y que se dé una justicia para las víctimas del golpe de Estado y a quienes se les criminalizaron. El Cofadeh puede determinar casos donde no haya implicación política, entonces los jueces tienen la obligación de rechazar los casos”.
De su lado, la ministra de Derechos Humanos, Angélica Álvarez, fue del criterio que “la amnistía cubre los derechos que fueron violentados de víctimas en el golpe de Estado y es para resarcir los daños causados durante ese nefasto acto en 2009 en el país”.
Funcionarios sostuvieron que la normativa nunca ha garantizado cartas de libertad, por lo que no entienden cómo es tan criticada.
“La amnistía no da cartas de libertad a cualquiera, es una forma de resarcir daños y al final son los jueces y es un proceso que se debe seguir para quienes inicien el proceso de amnistía”, acotó Gerardo Torres, vicecanciller de la nación.
La Ley de Amnistía Política, también conocida como Pacto de Impunidad 2.0, pidió ser revisada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) como parte de las sugerencias para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH).
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) exhortó ayer al pleno de la CSJ a declarar la inconstitucionalidad del decreto legislativo 4-2022.
