Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó este martes una denuncia ante el Ministerio Público contra un togado del Juzgado de Ejecución y un Juez de Letras de lo Penal por impartir justicia selectiva mediante amnistías.
El caso de corrupción involucra a estos jueces que favorecieron a exfuncionarios con amnistías por delitos en la administración pública. En uno de los casos, el acusado se justificó alegando que lo perseguían por ser cercano al exmandatario Manuel Zelaya (2006-2010).
El imputado de un segundo caso se amparó diciendo que “su investidura de funcionario lo convirtió en un objetivo para que los operadores de justicia lo persiguieran, pero ninguno se refirió a las verdaderas razones -es decir, los delitos por los cuales fueron acusados- y así la justicia fue avasallada con los arreglos políticos que estamos acostumbrados a ver”, criticó Gabriela Castellanos, directora ejecutiva CNA, durante la revelación de estos casos de corrupción.
La abogada señaló que “pesó más el nombre del acusado que la carga del expediente que se tenía enfrente”.
De acuerdo a la investigación, varios jueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aplicaron el Decreto de Amnistía para beneficiar a funcionarios del actual gobierno que aduciendo que los casos en su contra eran “persecución política” que sufrieron después del golpe de Estado. “Queda la sensación que esta será la primera de muchas amnistías, porque una vez que se encuentra la manera de hacer las cosas, siempre habrá otros que lo repitan buscando la impunidad”, dijo.
Pacto de Impunidad
La amnistía aprobada la noche del 6 de febrero de 2022 en el Congreso Nacional, fue impulsada por el diputado Rassel Tomé a través de un decreto de amnistía por delitos políticos y para beneficiar a acusados por corrupción y enriquecimiento ilícito del gobierno de Manuel Zelaya Rosales.
La amnistía refiere que al menos 22 figuras delictivas comprendidas en el conjunto de normas en materia penal que estuvo en vigor desde 1983 y otros 31 ilícitos del nuevo Código serían objeto de absolución, los cuales se detallan en el artículo cinco del decreto para la reconstrucción del Estado constitucional de derecho y para que los hechos no se repitan.
Y es que entre los delitos que abarca están: abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, malversación de caudales, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos y privados, delitos cometidos contra los particulares, terrorismo, sedición, posesión ilegal de armas, tenencia y almacenamiento de munición de uso no comercial, usurpación, daño, robo, incendio, privación injusta de la libertad, tráfico ilegal de productos o subproductos forestales, apropiación de área forestal (eso en relación con el código anterior).
