TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Por falta jueces, se suspende audiencia inicial en caso denominado “Narcopolítica II”, que es una segunda línea en el caso de “Narcopolítica”. Dicha confirmación fue brindada por el fiscal, Juan Carlos Griffin.
Las acusaciones son en contra del exdirector del Fondo Vial, Hugo Alfredo Ardón Soriano; el extitular de la gerencia técnica, Elder Jacobo Gómez Gavarrete; su exasistente, Iris María Sarmiento Ferreira; el gerente propietario de la empresa INRIMAR, Devis Leonel Rivera Maradiaga y su representantes legal Nohelia Mercedes Pacheco Murillo, así como a su hermana Irza Fané Pacheco Murillo, representante legal de la empresa supervisora Arquitectura, Diseño y Construcción S. de R. L. (ARDIQCO).
Dichas denuncias de “Narcopolítica I y II” se refieren al otorgamiento de contratos a INRIMAR, que aparentemente tenían como objetivo “realizar obras en los departamentos de Olancho, Colón y Yoro”.
De acuerdo a la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) dicha empresa les favoreció con la suscripción de 21 contratos por más de 68 millones de lempiras (L.68,326,690.55) y ahora se registraron otros 10 contratos por más de 47 millones de lempiras (L.50,786,654.12).
¿Quiénes son los primeros involucrados?
Los encausados fueron el exministro de la extinta Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi), Miguel Rodrigo Pastor. Además, los exfuncionarios Marlon Geovanny Flores y Carol Ivonne Pineda por 21 delitos de fraude, Norberto Quezada y José Manuel Valladares Rosa por 10 delitos de fraude y Lucas Jetsell Velásquez por un delito de fraude.
Entre los coimputados figuran Fabio Porfirio Lobo Lobo y Devis Leonel Rivera Maradiaga, con cargos por conspiración a la narcoactividad en Estados Unidos.
“Para la concesión de unos contratos se fraccionaron las obras y en otros se emitieron decretos de emergencia por una tormenta tropical”, informan.
Además, mencionan que en su mayoría no se realizaron las obras asignadas en estos contratos.
“El propósito de la asignación de estos contratos, era básicamente prestigiar y legitimar a la empresa INRIMAR, para poder lavar dinero derivado del narcotráfico, a través de instituciones gubernamentales”, asegura la UFERCO.
