Tegucigalpa, Honduras.-Luego de que se diera a conocer la captura del general en condición de retiro, Romeo Vásquez Velásquez; Venancio Cervantes Suazo, exsubjefe del Estado Mayor Conjunto, y Carlos Roberto Puerto Fúñez, excomandante del Comando de Operaciones Especiales, se conoció el requerimiento fiscal presentado en el que se detallan las acusaciónes contra los tres imputados.
De acuerdo con el Ministerio Público, Vásquez Velásquez, Cervantes Suazo y Puerto Fúñez “se desempeñaban en el momento en que ocurrieron estos hechos criminales -la muerte de Obed Murillo- como jefe, subjefe y jefe de operaciones del Estado Mayor Conjunto. Como tales, tenían la obligación jurídica de controlar y supervisar las operaciones y acciones de sus subalternos. Así, planificaron el operativo denominado “Operación Democracia”, en el que participaron más de 300 efectivos militares apostados en el Aeropuerto Internacional Toncontín, con el objeto de controlar a los manifestantes que esperaban al depuesto presidente”.
Agrega y asegura que “estos acusados equiparon a los soldados con fusiles de alto calibre, lo cual, conforme a las normas del uso de la fuerza, es desproporcionado considerando que se trataba de una manifestación de civiles desarmados en un momento crítico para el país”.
“Lo correcto, o en su caso lo adecuado, habría sido la presencia física, el uso de bombas lacrimógenas, gas pimienta o tanquetas de agua. Sin embargo, omitieron ilícitamente su deber como comandantes de controlar las operaciones de sus subalternos, permitiéndoles cometer crímenes graves contra la población de Honduras que se manifestaba pacíficamente. Por ello, estos comandantes son responsables de estos delitos al ser los superiores jerárquicos de quienes actuaron como autores materiales”, afirma el Ministerio Público en el requerimiento fiscal.
Sigue cuestionando que “el hecho de haber entregado armas de grueso calibre a cada militar implicó que estos asumieran la posibilidad latente de hacer uso de las mismas. Podemos inferir, lógicamente y de acuerdo con la mecánica de los hechos, que existía la posibilidad de que los subalternos dispararan”.
“Por ello, los comandantes estaban obligados a girar directrices pertinentes para proteger la vida humana de los manifestantes, evitando el riesgo creado. Sin embargo, asumieron la responsabilidad criminal de las acciones de sus subalternos, quienes dispararon más de 163 proyectiles, resultando en la muerte del joven Isy Obed Murillo Mencias y heridas graves al ciudadano Alex Roberto Zavala, por lo cual antes del hecho y una vez ocurrido los hechos omitieron al haber tenido al conocimiento de un hecho criminal y no hicieron nada para evitarlo y una vez ocurrido no tomaron las acciones pertinentes para la investigación de los mismos y deducir la responsabilidad de sus subalternos”, aseverá el MP.
