Tegucigalpa, Honduras.- Al menos 10 empresas extranjeras que invirtieron en las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) preparan demandas tras el fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Esto fue confirmado a EL HERALDO por Jorge Colindres, secretario técnico de la ZEDE Próspera en Roatán, Islas de la Bahía. Colindres explicó que las ZEDE siguen operando de manera normal, pero están a la espera que el fallo sea publicado para analizar los alcances.
“Son aproximadamente 10 empresas que se están reuniendo con sus abogados y están preparando las demandas ante los mecanismos de arbitraje”, precisó Colindres. Pese a que Honduras ya salió del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), Colindres mencionó que los inversionistas pueden acudir a otras instancias de arbitraje internacional.
“La legislación habilita a los inversionistas extranjeros a acudir al CIADI y además hay tratados internacionales como el CAFTA que prevé este mecanismo, así como un mecanismo con la ONU y otros tratados que implica a la Cámara de Comercio de París”, contó.
Añadió que “ya hay una demanda internacional ante el CIADI y esperamos que se acredite que esta sentencia es ilegal. El fallo de la Corte no respeta nuestros derechos bajo el régimen ZEDE y ojalá que ese fallo venga con una disposición que proteja nuestros derechos”.
A su vez, reafirmó que las ZEDE no pueden adherirse a regímenes nacionales porque cuentan con empresas como de criptomonedas que no se rigen bajo los lineamientos de la Comisión Nacional de Banca y Finanzas (CNBS).
“Próspera sigue operando con normalidad, pero el fallo afecta a la atracción de inversión. Tenemos 235 empresas y 2,000 personas con empleos directos. La confiscación se está dando porque tenemos derechos adquiridos por 50 años, si se hacen cambios se destruye el valor de nuestras inversiones”, sentenció.
El magistrado Mario Díaz dijo a este rotativo que la sentencia aún no ha sido terminada, pero “en unos días más estará”.
El asesor legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Rafael Jerez, fue del criterio que “es preciso considerar todas las repercusiones constitucionales, políticas, económicas y sociales de la inconstitucionalidad de las ZEDE, en la forma en que fue decretada por la Corte. Sin duda tuvieron un problema de origen con respecto a elementos esenciales del Estado, pero ese problema de origen dio paso a realidades que van a complejizar la implementación de la sentencia”, estableció.
