TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El exdirector ejecutivo del Comité Técnico de la Tasa de Seguridad Poblacional, Francisco Roberto Cosenza Centeno, compareció el viernes en su primera audiencia luego de ser extraditado de Honduras.
El exfuncionario -según indican documentos oficiales- compareció ante la jueza de primera instancia Lauren Fleischelr Louis y durante la audiencia la Fiscalía del Distrito Sur de Miami solicitó “prisión preventiva por riesgo de fuga”, la que fue ordenada por la jueza.
La audiencia se extendió durante 20 minutos y en seguida fue enviado a la FDC Miami, un centro de detención federal de seguridad administrativa en la que hay 878 reclusos.
La audiencia de lectura de cargos para el martes 9 de marzo a la 1:30 p.m. en la división de Miami ante el juez magistrado de turno de Miami.
En su primera audiencia, Cosenza Centeno, fue representado por un abogado de la Oficina de Defensores Públicos de Miami (FPD por sus siglas en inglés).
Tras la audiencia, la jueza Lauren Fleischelr Louis ordenó que “conforme a la Ley de Protección al Debido Proceso, el Tribunal confirma la Obligación de Estados Unidos de revelar al acusado todas las pruebas exculpatorias, es decir, pruebas que favorezcan al acusado o arrojen dudas sobre el caso de Estados Unidos, según lo exige Brady v. Maryland, 373 US 83 (1963) y sus descendientes, y ordena que Estados Unidos a hacerlo”.
Asimismo, “el gobierno tiene el deber de revelar cualquier evidencia que sirva para negar la culpabilidad de los acusados, la credibilidad de un testigo o que reduzca una posible sentencia. El acusado tiene derecho a esta información sin necesidad de solicitarla. No revelar pruebas exculpatorias de manera oportuna puede tener consecuencias que incluyen, entre otras, exclusión de pruebas, instrucciones adversas al jurado, desestimación de cargos, procedimientos por desacato, medidas disciplinarias o sanciones por parte del tribunal”.
El exfuncionario el pasado jueves a Miami desde el Aeropuerto Internacional de Palmerola.
En su primera audiencia, Cosenza Centeno, fue representado por un abogado de la Oficina de Defensores Públicos de Miami (FPD por sus siglas en inglés).
Tras la audiencia, la jueza Lauren Fleischelr Louis ordenó que “conforme a la Ley de Protección al Debido Proceso, el Tribunal confirma la Obligación de Estados Unidos de revelar al acusado todas las pruebas exculpatorias, es decir, pruebas que favorezcan al acusado o arrojen dudas sobre el caso de Estados Unidos, según lo exige Brady v. Maryland, 373 US 83 (1963) y sus descendientes, y ordena que Estados Unidos a hacerlo”.
Asimismo, “el gobierno tiene el deber de revelar cualquier evidencia que sirva para negar la culpabilidad de los acusados, la credibilidad de un testigo o que reduzca una posible sentencia. El acusado tiene derecho a esta información sin necesidad de solicitarla. No revelar pruebas exculpatorias de manera oportuna puede tener consecuencias que incluyen, entre otras, exclusión de pruebas, instrucciones adversas al jurado, desestimación de cargos, procedimientos por desacato, medidas disciplinarias o sanciones por parte del tribunal”.
El exfuncionario el pasado jueves a Miami desde el Aeropuerto Internacional de Palmerola.
Asimismo, “el gobierno tiene el deber de revelar cualquier evidencia que sirva para negar la culpabilidad de los acusados, la credibilidad de un testigo o que reduzca una posible sentencia. El acusado tiene derecho a esta información sin necesidad de solicitarla. No revelar pruebas exculpatorias de manera oportuna puede tener consecuencias que incluyen, entre otras, exclusión de pruebas, instrucciones adversas al jurado, desestimación de cargos, procedimientos por desacato, medidas disciplinarias o sanciones por parte del tribunal”.
El exfuncionario el pasado jueves a Miami desde el Aeropuerto Internacional de Palmerola.
Investigaciones
Entre marzo de 2015 y noviembre de 2019, Carl Alan Zaglin, un empresario de fabricación de uniformes y accesorios para las fuerzas públicas sobornó a Cosenza, a fin de garantizar contratos con la Tasa de Seguridad por un valor de más de 10 millones de dólares.
A cambio de los pagos de cohecho, Cosenza y otros funcionarios del gobierno de Honduras supuestamente ayudaron a Zaglin, y Aldo Néstor Marchena, y otros a obtener contratos para la venta de uniformes y otros artículos para la Policía Nacional y asegurar el pago de los contratos.
Para ocultar los pagos de cohecho, Zaglin, Marchena, Cosenza y otros presuntamente lavaron las ganancias del ardid corrupto por medio de cuentas bancarias y empresas testaferro en los Estados Unidos y Belice.
Según se alega en la acusación formal, los conspiradores enviaron más de 166,000 dólares a cuentas bancarias controladas por Cosenza y otro funcionario hondureño.
En el caso de Zaglin pagó una fianza de 1.1 millones de dólares para defenderse en libertad. La justicia de Estados Unidos tiene previsto realizar el juicio contra Zaglin a finales de este año.
