Tegucigalpa, Honduras
La Comisión de Asuntos Electorales del Congreso Nacional se reunirá mañana con personeros de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (Maccih) para conocer los avances del proyecto de ley de financiamiento de las campañas de los partidos políticos.
Dicha normativa, denominada Ley sobre la Transparencia del Patrimonio y Financiamiento Político Electoral, fue remitida al Congreso Nacional por el presidente de la República, Juan Orlando Hernández.
La Comisión de Asuntos Electorales del Legislativo tiene en su poder otros dos proyectos sobre el mismo tema, uno presentado por el Tribunal Supremo Electoral hace cinco años que fue engavetado y otro que fue introducido por el diputado de Unificación Democrática (UD), Edwin Pavón.
Propuesta de JOH
La propuesta del Poder Ejecutivo busca regular y auditar el financiamiento de las campañas electorales y de los partidos políticos a fin de evitar la infiltración del dinero sucio del narcotráfico, el crimen organizado y otras fuentes irregulares. La referida iniciativa se orienta a “regular la materia electoral en lo referente al financiamiento y patrimonio político-electoral, particularmente en los niveles electivos de presidente y designados presidenciales, diputados y alcaldes de los partidos políticos, alianzas, candidaturas independientes, movimientos internos de los partidos y cada uno de sus precandidatos y candidatos”, según reza el proyecto. Esta ley es un compromiso adquirido por el gobierno con los cooperantes internacionales que exigen regular el financiamiento turbio en los partidos y en las campañas electorales.
El tema cobra especial vigencia luego que en los últimos meses se descubriera la participación de alcaldes, políticos y aspirantes a cargos de elección popular en actividades ilícitas ligadas al narcotráfico y al crimen organizado. Hay fuertes sospechas de que el narcotráfico ya está infiltrado en la política y esta ley, si es que se aprueba y se cumple, pretende cortar de tajo este mal que amenaza con desestabilizar la institucionalidad política.
La Maccih contempla entre sus líneas de acción contribuir con el proceso de transparencia en el manejo de fondos de campañas electorales y partidos políticos.
Crearán oficina
La propuesta contiene, entre otras cosas, la creación de la Oficina Nacional de Control Financiero del Financiamiento y Patrimonio Electoral, como una entidad desconcentrada adscrita al Tribunal Supremo Electoral (TSE) con independencia técnica, funcional y administrativa.
Dicha instancia estará rectorada por un alto comisionado nombrado por el TSE a propuesta de la asamblea general del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
Se encargará de regular y supervisar el financiamiento de los partidos políticos, alianzas, candidaturas independientes, movimientos internos de los partidos y sus precandidatos y candidatos.
Además, será responsable de entregar los recursos del financiamiento público y de la deuda política a los partidos.
Aportaciones privadas
En lo relativo a los financiamientos privados, la normativa prescribe que los institutos político-electorales, sus precandidatos y candidatos, deberán llevar un registro contable de todas sus contribuciones en dinero o especie, debiendo notificarlas a la Oficina de Control Financiero dentro de los 15 días siguientes de haberse recibido.
Su contravención se sancionará con multas de 200 y 500 por ciento del valor no registrado la primera vez y en sucesivas ocasiones.
La normativa prohíbe a los partidos y sus candidatos recibir donaciones anónimas, subvenciones de gobiernos y organizaciones extranjeras, contribuciones y donaciones del gobierno nacional o el municipal, ayudas de asociaciones gremiales, sindicales o religiosas, así como dinero, recurso humano o especie del narcotráfico, crimen organizado, lavado de activos y cualquier otra actividad criminal.
Hay consenso
El proyecto de ley en mención ha sido socializado ampliamente con la dirigencia de los partidos y es hasta ahora la única propuesta de reforma electoral que cuenta con el consenso necesario para ser aprobada en el Congreso antes del 11 de septiembre, fecha programada por el TSE para convocar a elecciones primarias. El tema del financiamiento de campañas está muy de moda en el mundo entero por el desarrollo y la penetración que tiene el crimen organizado en las campañas políticas. En algunos casos, el crimen logra llevar al poder a alcaldes, diputados y hasta presidentes y por eso hay que saber el origen del financiamiento, según analistas.
Proyecto de Pavón
El diputado udeísta Edwin Pavón también presentó un proyecto de regulación que contiene cosas interesantes. Plantea la extinción de partidos que reciban dineros ilícitos o un monto superior al que se propone en la ley.
“Si se comprueba que un partido político recibe dinero ilícito o un monto superior al que se propone en esa ley puede ser declarado extinguido, es decir dejar de existir o cancelársele su personalidad jurídica”, expuso el congresista.
Igualmente, la iniciativa del congresista limita a 70 salarios mínimos para elecciones primarias y 100 salarios mínimos para elecciones generales el máximo que un aportante privado puede donar a una candidatura presidencial. Es decir, quedaría un techo con base a las condiciones salariales actuales de unos 560 mil lempiras y 800 mil lempiras por una sola vez
