Tegucigalpa, Honduras.- Cancelación de visas, suspensión de ayudas y hasta la interrupción de remesas serían las consecuencias a las que se enfrentaría el Estado de Honduras en caso de que este viernes la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declare inconstitucional la ley de las Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), según la ZEDE Próspera.
En ese sentido, consideraron que en caso de que los magistrados de la CSJ voten a favor de la inconstitucionalidad de la ZEDE, a nivel internacional, “dañaría gravemente las relaciones con Estados Unidos y muchos otros países”.
“Decenas de congresistas de ambos partidos en Estados Unidos ya han expresado su preocupación por la posible expropiación de inversiones en las ZEDE”, recordó ZEDE Próspera a través de un comunicado.
La organización internacional consideró que una determinación en contra de la ZEDE aparte de crear un clima de inseguridad para inversionistas, provocaría un “persecución” de los partidos de oposición por aprobar la ley en 2012.
Además, argumentaron que la iniciativa desde que está activa en el país ha creado más de 8,000 empleos ´bien remunerados’, lo que se traduce en $300 millones de dólares de inversión para el país.
“Un fallo de este tipo no solo crearía un clima de inseguridad e incertidumbre para inversionistas y empleados, sino que también abriría la puerta a una persecución generalizada de los partidos de oposición por el supuesto “delito” de votar a favor de una ley que ha creado más de 8,000 empleos bien remunerados en Honduras y ha atraído más de $300 millones en inversiones al país”, consideraron.
También sacaron a relucir que la inconstitucionalidad de las ZEDE provocaría “reclamos de expropiación” y consideraron debilitaría la estrategia de defensa que Honduras ha presentado en las demandas internacionales
“Una decisión que invalide retroactivamente las inversiones en las ZEDE indudablemente daría pie a reclamos de expropiación y debilitaría las defensas presentadas por el Estado de Honduras en las demandas de arbitraje internacional. Un fallo que se aparte de décadas de precedentes ininterrumpidos en Honduras, no tendría ninguna legitimidad”, agrega el escrito.
Asimismo, contabilizaron a más 100 inversionistas estadounidenses tienen capital comprometido en estos proyectos y ciudadanos de más de 20 países están haciendo negocios en Próspera y otras ZEDE, por lo que se verían afectados por el fallo judicial de los magistrados del Poder Judicial.
Del mismo modo, advierten que el sistema financiero se vería afectado, pues informaron que varios bancos hondureños cuentas con préstamos activos vinculados a los proyectos de las ZEDE
También señalaron que una determinación en contra de las ZEDE provocaría un impacto económico negativo, debido a que aumentaría el perfil de riesgo del país, elevando costos de financiamiento para Honduras y “dificultando el crecimiento económico”.
Finalmente, instaron al gobierno a que “busquen soluciones que garanticen la estabilidad, la inversión y el bienestar de todos los hondureños”.
El pleno de magistrados de la CSJ fue convocado para este viernes -20 de septiembre- para abordar el tema sobre las ZEDE y el decreto 04-2022 conocido como Ley de Amnistía.
Esta convocatoria desató controversia debido a que nueve magistrados que conformarán el pleno serían suplentes afines al Partido Libertad y Refundación (Libre), denunció la oposición.
Millonaria demanda desde 2022
ZEDE Próspera acusó al gobierno de Honduras de violar el derecho internacional e incumplir las garantías de estabilidad jurídica a los inversores norteamericanos.
Dependiendo de la cantidad de los daños, la suma a pagar será de miles de millones de dólares y de hasta $10,775 millones si se pierde toda la inversión de los demandantes en ZEDE Próspera.
El recurso legal fue interpuesto en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), con el fin de “proteger la inversión estadounidense en Honduras” bajo el Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (CAFTA- DR).
Además, solicitaron al gobierno respetar “la garantía de estabilidad jurídica de 50 años que ofreció a los inversores estadounidenses en Próspera ZEDE”.
Asimismo, revelaron que están dispuestos a llegar a un acuerdo para que Honduras proporcione garantías para las inversiones en ZEDE Próspera y así evitar acciones de expropiación de tierras por parte de las autoridades del país.
Senadores pidieron que se respetaran garantías de las ZEDE
Cabe recordar que las ZEDEs fueron derogadas en marzo de este 2022, sin embargo, el 13 de octubre, los senadores estadounidenses Bill Hagerty, por el estado de Tennessee y Ben Cardin del estado de Maryland enviaron una carta al secretario del Departamento de Estado, Antony Blinken, solicitándole que ordene a al Estado de Honduras, “garantizar por 50 años las inversiones realizadas en las ZEDE por ciudadanos estadounidenses”
“Instamos a su Departamento a alentar a Honduras a respetar esta garantía de estabilidad jurídica de 50 años que protege las inversiones estadounidenses en las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico de Honduras bajo el CAFTA-DR (Tratado de Libre Comercio de los Estados Unidos).”, concluyeron los Senadores en ese entonces.
Los funcionarios expresaron que “cualquier expropiación directa o indirecta de las inversiones estadounidenses en las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico de Honduras sería considerada como un ataque directo a las garantías del CAFTA-DR”.
Próspera en Roatán es una de la ZEDE impuestas por el gobierno del expresidente, Juan Orlando Hernández. Las otras dos son Ciudad Morazán, Choloma, Cortés, y Orquídea en San Marcos de Colón, Choluteca.
¿Qué son las ZEDE?
Las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) son un proyecto aprobado en 2013 por el Congreso Nacional de Honduras, que otorga cierta independencia administrativa a comunidades dentro del territorio hondureño, las cuales también fueron denominadas “ciudades modelos”.
Para conseguirlo, fueron reformados los artículos constitucionales 294,304 y 329, lo cual fue duramente cuestionado por diferentes sectores, entre ellos el Colegio de Abogados de Honduras (CAH), que denunció que con la reforma se violentó “el principio de aplicación territorial de la ley nacional”.
Estas ciudades no solo tienen su propia forma de administración, sino también independencia fiscal y tributaria, su propia forma de regir la educación y la justicia.
Esto fue interpretado por expertos como una violación directa a la Constitución, a tratados internacionales y hasta como una venta del territorio en “pedazos”.
Los proyectos estarían ubicados en Choloma, Choluteca, la isla Zacate Grande, en Colón, Atlántida, Gracias a Dios, Valle e Islas de la Bahía.
