Tegucigalpa, Honduras
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) mantiene intacta su estructura organizativa y el método de nombramiento de sus magistrados, según una iniciativa de ley que remitió en su momento este organismo al Congreso Nacional, que lo engavetó por seis años.
El proyecto será la referencia del pleno del Congreso al momento en que se discutan y aprueben las reformas electorales, de acuerdo con lo revelado por el presidente del ente colegiado, David Matamoros, al concluir anteayer una cita con el presidente del Poder Legislativo, Mauricio Oliva.
“Consideramos que el proyecto que enviamos en el 2001 el 70 por ciento todavía se mantiene incólume, está bien hecho, está bien trabajado y lo que hay que adaptar es qué es lo que desean”, expresó Matamoros.
El proyecto denominado Ley para la Participación Política y Electoral pretende sustituir la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, que data desde la década de los ochenta y que ha sido reformada en innumerables ocasiones.
La Alianza de Oposición está demandando una reestructuración casi total de los organismos electorales (TSE y Registro Nacional de las Personas) por el papel que jugaron en las recientes elecciones y porque, así como están constituidos, excluyen de representatividad a la oposición política. El tema que seguramente generará debate será la propuesta organizativa del TSE.
“El Tribunal Supremo Electoral está integrado por tres magistrados (as) propietarios y un suplente electos por el voto afirmativo de los dos tercios de la totalidad de los miembros del Congreso Nacional por un período de cinco años pudiendo ser reelectos”, dice el artículo 100 del proyecto.
El partido Libre viene exigiendo un representante en este organismo y lo mismo exigía Salvador Nasralla cuando controlaba los sellos del Partido Anticorrupción.
Ciudadanización de las mesas
Uno de los temas sensibles de todos los procesos electorales es la constitución de las mesas electorales receptoras, integradas por los representantes de los partidos políticos, las cuales son objeto de la crítica de los mismos partidos en todos los procesos electorales porque supuestamente se prestan a la manipulación de la voluntad popular.
Estas mesas son las que rectoran el proceso, hacen el escrutinio, validan o anulan el voto y elaboran el acta original de cierre que le sirve el TSE para hacer el escrutinio general.
En el proyecto estas mesas son reemplazadas por las “juntas ciudadanas receptoras de votos” y sobre su escogencia se plantea: “El Tribunal Supremo Electoral en los procesos de consultas populares por unanimidad de votos determinará la estructura de la junta ciudadana receptora de votos.
Los miembros que la integran serán seleccionados y nombrados directamente por el Tribunal Supremo Electoral debiendo ejercer sus funciones de acuerdo con lo establecido en el respectivo reglamento”.
En el proyecto del ente colegiado se eliminan los tribunales departamentales y municipales electorales y se crean las juntas ciudadanas departamentales y municipales de administración de procesos electorales.
