Tegucigalpa, Honduras
Una comisión técnica de la Secretaría de Finanzas (Sefin) y de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) afinan la nueva propuesta de la ampliación de la base exenta del Impuesto sobre la Renta (ISR) que aplica a las personas naturales de Honduras.
El Poder Ejecutivo ha anunciado que la próxima semana enviará a la Congreso Nacional la nueva iniciativa de ley para interpretar o reformar el artículo 22 de la Ley del ISR, después de vetar el decreto que fue aprobado por el Legislativo a mediados de diciembre 2015.
Se espera que la nueva escala para calcular el Impuesto sobre la Renta entre en vigencia a partir de abril próximo, de acuerdo con fuentes oficiales.
Miriam Guzmán, titular de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), dijo ayer que la nueva base exenta para las personas naturales será de 141,053 lempiras anuales.
Para la diputada liberal Gabriela Núñez, es la clase media la que paga el ISR, pero con un salario real muy golpeado por la inflación y por la devaluación del tipo de cambio del lempira.
Con el nuevo monto exento, más los 40,000 lempiras de gastos médicos y salud, la base no imponible sumará 181,853 lempiras, equivalente a 15,087.75 lempiras mensuales.
Quienes devenguen hasta 15,087.75 lempiras al mes quedarán exentos del pago de ese tributo
Con la actual escala, una persona natural que reporta ingresos anuales de 300,000 lempiras paga 21,539.70 lempiras en ISR. Al ampliarse la base exenta a 141,053 lempiras, esta persona cancelará 17,842.05 lempiras en Impuesto sobre la Renta. El ahorro será de 3,697.70 lempiras para el contribuyente.
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Controversia
El ajuste a la base exenta del ISR ha generado un fuerte debate entre el gobierno y los empresarios, el que se ha extendido al Congreso, principalmente al Partido Liberal, ya que la proyectista de la iniciativa es la diputada liberal Gabriela Núñez.
La controversia comenzó el año pasado después que la DEI solo ajustó en 5.82% la base exenta, o sea 6,402 lempiras en valores nominales, aumentando de 110,000 a 116,402 lempiras.
Esa disposición se consideró un abuso de autoridad de las autoridades de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, ya que el decreto 140-2008 señala que la revisión debería hacerse en base a la inflación acumulada del quinquenio 2010-2014, o sea 28.2%
