TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los llamados y las advertencias sobre el posible daño ambiental que provocaría la construcción de una cárcel en la Islas del Cisne fueron ignorados por el gobierno, tras aprobar la primera fase de la licencia ambiental, lanzó la licitación de la obra.
Será este viernes 5 de julio cuando el plazo para las empresas licitantes concluirá. Luego, la Secretaría de Defensa, junto con las Fuerzas Armadas, seleccionarán a la empresa ganadora basándose en la mejor oferta y garantía de trabajo.
Diversos sectores han mantenido su oposición y descontento por el impacto ambiental que causará en la reserva marina, sumado a la opacidad por la secretividad que se le ha dado al proyecto.
La Coalición Ambiental de Honduras aseguró que la construcción de la cárcel “amenaza con generar un ecocidio histórico, el mayor impacto ambiental nunca antes visto e irreversible para los recursos naturales y la biodiversidad”.
A su vez, la bióloga marina Gabriela Ochoa expresó que “la edificación de la cárcel y el traslado de los reos causarían la destrucción de los ecosistemas marinos y terrestres, afectando el hábitat de las especies en la zona”.
Además del impacto ambiental, otros sostienen que la edificación representará un gasto bastante alto para el Estado de Honduras.
“Hay muchos ejemplos de cárceles en islas que fueron cerradas por los costos de operación. Es un gasto enorme el que habrá y, a mi criterio, es un proyecto no factible... Simplemente hay que preguntarle a Estados Unidos por qué cerraron Alcatraz”, acotó el exdesignado presidencial Salvador Nasralla.
En diversas oportunidades, EL HERALDO solicitó información sobre el proyecto de la granja penal, pero la secretividad solicitada por Defensa prevalece, situación que ha sido cuestionada desde derechos humanos.
“La construcción de un centro penal debería ser de forma transparente y más cuando la Isla del Cisne no se merece algo así. Tienen que esconder los costos porque los mismos se elevarían por todo el material que tienen que movilizar hasta la isla”, puntualizó Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh).
Otro punto que se suma es el legal, ya que según el abogado Germán Licona, “hay un PCM de 1991 y un decreto legislativo de 1994 el cual en todo caso debería ser reformado por el Congreso. Si se construye la cárcel y siguen vigentes estos decretos, entonces habría hechos adversos a la legislación hondureña”.
En abril pasado, el ministro de Defensa, José Zelaya, respondió a este rotativo sobre la secretividad en la obra asegurando que “la petición planteada al IAIP (Instituto de Acceso a la Información Pública) tiene como argumento el tema de seguridad nacional en relación a los temas estructurales y estratégicos de seguridad del centro penal”.
Proceso
Lucky Medina, titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, explicó que “se aprobó la primera fase del proyecto que incluye la licencia de operación ambiental.
Inicialmente se aprobó lo relativo al suelo para estabilizar la obra que se hará y lo relacionado con los detalles del diseño final de estudios biológicos, del estudio marino costero y la ampliación de estudios científicos”.
Medina enfatizó que faltan más fases de la licencia ambiental y que estas se irán aprobando conforme avancen los trabajos en la Isla del Cisne.
“El resto de las fases está relacionado con la infraestructura, es decir, que la segunda fase será sobre la planta de tratamiento de aguas residuales, generación de energía, manejo de desechos sólidos y asegurar, con un centro de estudios ambientales, que no habrá mayor impacto con las obras que se desarrollen”, estableció.
El funcionario concluyó diciendo que se construirá una granja de energía solar que brindará el servicio en la penitenciaría. El gobierno de Honduras prevé que la cárcel tenga capacidad para 2,000 reos y se ubique allí a líderes de pandillas.
