TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ante las múltiples denuncias de la oposición sobre pretensiones del oficialismo de inhabilitar a los parlamentarios que contraríen las posturas establecidas por Libertad y Refundación (Libre), la directiva y el presidente del Congreso Nacional no cuentan con la facultad, según las normativas vigentes, de apartar de su cargo o quitar su investidura a ningún diputado por diferencias sectarias o que no cuenten con los fundamentos legales debidamente comprobados.
Según lo establecido dentro de la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la calidad de diputado solamente puede perderse por el fallo de una sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que lo declare como incapaz de continuar en su ejercicio y el pleno legislativo constituido por los 128 diputados que conforman el CN.
“La calidad de diputado se pierde por renuncia, por expiración del período para el cual fue electo, por sentencia firme que lo condene por un delito doloso o inhabilitación que le impida terminar el período, juicio político o expulsión contemplada en el artículo 197 constitucional”, decreta el artículo 51 de la Ley Orgánica.
Un diputado solamente podrá ser expulsado por abandono o inasistencia injustificada a sus labores como parlamentario, pudiendo ser inhabilitado hasta por diez años debido a la falta.
Tras la presentación de los primeros requerimientos fiscales contra diputados, días atrás el Bloque de Oposición Ciudadana (BOC) recordó que “los diputados no pierden su calidad por declaraciones sesgadas del ciudadano que usurpa la presidencia del Congreso Nacional, habida cuenta que son los representantes legítimos del pueblo, electos de forma directa por el soberano por un período de cuatro años”.
La coalición opositora rechazó las declaraciones e intenciones del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, de abrir la posibilidad de inhabilitar a algunos diputados de oposición
