TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ante la ola de inseguridad que vive Honduras y bajo las presiones de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya, el Consejo de Defensa y Seguridad anunció a través de una conferencia de prensa las medidas que se tomarán contra el crimen organizado.
El comunicado, leído por el vocero del gobierno, Ivis Alvarado, detalló los acuerdos a los que llegaron las diferentes instituciones encargadas de brindar seguridad en el territorio nacional en las que acordaron regular la venta de chips de celular en el país y extender el estado de excepción.
En ese sentido, explicaron que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) junto a Hondutel procederán a “prohibir la compra y venta de SIM Cards, chips para teléfonos celulares, sin que exista un estricto registro e identificación de los compradores”.
Asimismo, se acordó que se sancionará y responsabilizará a las compañía telefónicas que operan en el país en el caso del incumplimiento de este mandato.
Sobre el Estado de excepción, que entró en vigencia el 20 de febrero de 2023, se extenderá por un período de seis meses, mientras trabajen como equipo para dar respuesta, según informó el Secretario de Seguridad, Ramón Sabillón.
Se informó que las Fuerzas Armadas de Honduras y sus diferentes fuerzas, Aérea y Naval, “colaborarán de manera efectiva ejecutando acciones y actividades en materia de seguridad de manera especial en el desarrollo de este plan en los departamentos de Colón, Olancho, El Paraíso y Gracias a Dios informando sistemáticamente a este consejo sobre los resultados concretos de su accionar”, se mencionó en el comunicado.
Añadió: “La secretaría de estado en los despachos de defensa y las Fuerzas Armadas a través de la Policía Militar y del Orden Público colaborará de manera efectiva, pero ahora de manera especial para el desarrollo de este plan, en los departamentos de Atlántida, Yoro y Copán brindando los informes correspondientes sobre las acciones ejecutadas y los resultados obtenidos en este consejo”.
Además, se informó que la mandataria hondureña solicitó a las Fuerzas Armadas habilitar los batallones ubicados en los diferentes puntos del país para la reclusión de personas.
“Se instruye a las fuerzas armadas de Honduras para colaborar con el Instituto Nacional Penitenciario (INP) en la habilitación de batallones como centros de reclusión de emergencia para el cumplimiento de este plan sometiéndose a los estándares Internacionales de seguridad penitenciaria y convenios y tratados internacionales que regulan los derechos de los detenidos”, indicó el documento.
También se habló de los protocolos que tendrá la Policía Nacional para enfrentar las tomas en las vías públicas que perturban el libre tránsito y del orden público. Por lo que se realizarán procedimiento para “solicitar el cese de las tomas y de actuaciones ilegales por lo que se pondrán a la orden del Ministerio Público a los responsables”.
De igual forma se mencionó que la titular del Poder Judicial, Rebeca Raquel, asignará jueces con jurisdicción nacional para acompañar de manera eficiente y oportuna las acciones ejecutadas, de igual forma, el fiscal general, Óscar Chinchilla pondrá a la disposición a fiscales especiales para acompañar de manera eficiente y oportuna las acciones de las instituciones de seguridad.
Además, se mencionó que se “emitirá un decreto de emergencia para el funcionamiento de los equipos técnicos y operativos y la construcción, reforma y equipamiento de instalaciones y centros penales de seguridad en cualquier sitio del territorio nacional siguiendo los lineamientos nacionales e internacionales de transparencia y seguridad penitenciaria y detención de las personas”.
