La audiencia inicial contra los exmiembros del Consejo de la Judicatura continuará el próximo lunes en los Juzgados en materia de Corrupción, ubicados en Tegucigalpa, capital de Honduras.
El Poder Judicial informó en su cuenta de Twitter que la audiencia se reanudará el próximo lunes a la 1:00 de la tarde.
Los Juzgados en m ateria de Corrupción adelantaron que realizarán entrevistas a testigos y peritos.
Ese día la jueza que conoce la causa también podría dictarles auto de formal procesamiento y prisión preventiva o un sobreseimiento provisional.
A su vez, el Ministerio Público (MP) solicitará prisión preventiva para los exconcejales acusados por más de 600 delitos de corrupción.
Los seis exmiembros del Consejo de la Judicatura se presentaron este sábado en los juzgados capitalinos. La audiencia comenzó a eso de las 9:30 de la mañana, minutos después de que llegaran los apoderados legales de los acusados.
Los exconcejales del Poder Judicial son investigados por múltiples irregularidades como el despilfarro de fondos, especialmente en solicitud y asignación de viáticos.
La investigación comprende el período del 1 de octubre de 2013 al 31 de diciembre de 2014. Los imputados son: el expresidente del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial y expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera Avilés.
Al expresidente de la CSJ se le supone responsable de 131 delitos de abuso de autoridad y 60 delitos de malversación de caudales públicos.
El exvicepresidente del extinto órgano jurídico, Teodoro Bonilla, es acusado por 88 delitos de malversación de caudales públicos y 14 delitos de abuso de autoridad.
En cuanto a los exconcejales propietarios, a Julio Barahona se le presume responsable de 67 delitos de malversación de caudales públicos.
A su vez, a José Francisco Quiroz se le imputan 93 delitos de malversación de caudales públicos. Mientras que a los miembros suplentes de la entidad, a Liliam Maldonado se le considera responsable de 67 delitos de malversación de caudales públicos y a Celino Aguilera se le acusa de 78 delitos de malversación de caudales públicos y tres delitos de uso de documentos privados falsos.
