TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Poder Judicial anunció que la Sala I del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional reprogramó la lectura del fallo contra el capitán Santos Rodríguez Orellana y su esposa, acusados del delito de lavados de actos.
La nueva audiencia se realizará el próximo miércoles 14 de junio a las 2:00 de la tarde, según el tuit publicado.
Además de Orellana y su esposa Jennifer Lizzeth Bonilla, también se acusa a la suegra del capitán de las Fuerzas Armadas, Reina Lizeth Bonilla.
Las investigaciones del Ministerio Público indican que cuando Orellana realizaba operativos en la zona de Gracias a Dios y al encontrar dinero o droga no declaraba en su totalidad y se quedaba con una parte de lo incautado. Asimismo, se conoció que las armas decomisadas eran llevada a un grupo delictivo en La Ceiba denominado ZIPE.
Además, las autoridades señalan que Rodríguez Orellana habría participado en decomisos de vehículos donde se transportaban millonarias cantidades de dólares y, según testigos, también estaría involucrado en la muerte de muchas personas incluido un informante de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos DEA.
Asimismo, la fiscalía reveló que el capitán que recibió la baja deshonrosa negociaba entrega de droga luego que era robada a otras organizaciones criminales en el sector de La Mosquitia y todo este dinero era enviado a su esposa y suegra.
Las investigaciones señalan que durante el tiempo que Santos Orellana formó parte de las Fuerzas Armadas recibió ingresos brutos de más de dos millones y medio de lempiras y en salarios netos de 813,918 lempiras.
Sin embargo su esposa Lizzeth y su suegra en un período entre el 2010 a 2020 tenían más de 238 millones de lempiras no justificados.
Santos Orellana aseguró no tener empresas
Ante las acusaciones, Santos Orellana habló con EL HERALDO y fue tajante al decir: “No tenía empresa, la empresa era de mi suegra y al rubro que se dedicaba ustedes pudieron constatar que los depósitos provenían de instituciones como las Fuerzas Armadas”.
Además, en torno al caso, añadió: “yo creo que eso está más que claro e incluso cuando usted mira las preguntas que le realizan al perito, el expresa de la forma como se hacía la transferencia y quienes eran los que pagaban. Quien pagaba eran las Fuerzas Armadas a través de Banpaís y el dinero retornaba a Banco de Occidente”.
De igual forma, aclaró que las empresas de su núcleo familiar operan de manera legal. “La empresa más grande era de mi suegra así como las otras eran de mi esposa pero todo lo que había ahí ha estado en legal y debida forma estructurado”, sostuvo.
Finalmente, Santos Orellana expresó que la Fiscalía nunca presentó pruebas eficientes y achacó todo a un tema de índole político.
