Al aceptar que un reo del centro penal de Danlí, investigado por el secuestro y asesinato del periodista Ángel Alfredo Villatoro, cobraba salario a pesar de estar sentenciado por un delito, el ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, confirmó la separación del director de Recursos Humanos de la Policía Nacional de Honduras.
El fin de semana la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, denunció que uno de los reclusos sospechosos del crimen de Villatoro es un miembro de la Policía.
“En el caso del secuestro y asesinato del periodista Villatoro tenemos un policía que está involucrado y que estaba en Danlí guardando prisión”, expresó.
La funcionaria se refirió a Miguel Ángel Álvarez Ortez, acusado de complicidad en un homicidio, quien fue trasladado el 16 del presente mes a la
Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, junto a Juan Ramón Fonseca, por suponerlos responsables de haber participado en el delito. Ayer, al ser entrevistada por varios periodistas, reiteró lo que había dicho y pidió una explicación por parte de las máximas autoridades.
En ese contexto, el ministro Pompeyo Bonilla se vio obligado a avalar la declaración de la funcionaria y confirmó la aplicación de medidas contra los responsables de la irregularidad, principalmente el director de Recursos Humanos de la Policía Nacional, comisionado Luis Salvador Aguilar Mazoni.
Presidiario recibía salario
En declaraciones a los diferentes medios de comunicación social, Bonilla aceptó que “lamentablemente es una persona que ha sido miembro de la Policía y fue sentenciado por complicidad en un homicidio en el centro de detención de Danlí”.
Aquí, apuntó, hay un caso que no es correcto, si una persona es sentenciada y está en un centro penal, las acciones administrativas tenían que tomarse en el momento oportuno acá en la Policía.
El funcionario aseguró que desde el mes de marzo o abril de 2011 esa persona está sentenciada y, dizque porque no había venido la información del juzgado, no se había tomado la acción administrativa correspondiente.
“Me da pena que una acción administrativa tan sencilla no haya sido tomada en su oportunidad por el oficial de policía a quien le corresponde”, expresó Bonilla, sin poder ocultar su malestar.
Reveló que desde el pasado martes se dio cuenta de lo que había pasado, por lo que inmediatamente convocó a los titulares de Recursos Humanos y a los gerentes administrativos de todas las direcciones y les dio instrucciones de que le hicieran un informe de quiénes están siendo enjuiciados y de los que han sido condenados.
Confirmó que ya recibió la información y que son un total de 64 los policías, de los que 55 están procesados, mientras que los 9 restantes ya fueron sentenciados.
Hay 55, prosiguió, que siguen cobrando salario, porque así se los permite la ley hemos hecho toda la investigación, por eso siempre he planteado que se dan leyes demasiado permisibles con quienes cometen delitos.
Separado jefe de RR HH
El titular de Seguridad informó que le envió una nota al director de la Policía Nacional, Ricardo Ramírez del Cid, para que de inmediato se cancele el acuerdo y se separe del cargo a Aguilar Mazoni y se abra una investigación. Además, que el oficial sea colocado a disponibilidad.
Reiteró que el policía Álvarez Ortez estaba sentenciado y por eso “se tomó la decisión de que la persona responsable de ese manejo administrativo sea cancelada de inmediato de su cargo”.
En torno al caso de Villatoro, Bonilla garantizó que se harán todos los esfuerzos para que el crimen no quede impune y se aplicará la ley sin importar de quién se trate, porque “no estamos para encubrir acciones delictivas de nadie”.
Se supo que en horas de la tarde el fiscal general Luis Rubí se reunió con los altos mandos de la Dirección Nacional de Servicios Especiales de Investigación (DNSEI) para coordinar las acciones en torno al trabajo investigativo que se realiza en busca del esclarecimiento del crimen.
