TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Desde la Secretaría de Seguridad afirmaron que el proyecto de Ley para la Protección de los Usuarios de las Telecomunicaciones no pretende dar a las autoridades acceso a la información personal de todos los usuarios sin orden judicial.
Muchos sectores han alertado sobre la intención del gobierno en intervenir las comunicaciones telefónicas y de redes sociales sin autorización.
El artículo 23, de los 31 que contienen la iniciativa, establece que “los operadores y suboperadores del servicio de telecomunicaciones tienen la obligación de proporcionar información de los registros técnicos de las comunicaciones cursadas intrared, así como de las cursadas hacia otras redes, en un término no mayor a las 24 horas, cuando sea requerido por la Secretaría de Seguridad, Ministerio Público o la autoridad judicial, con el objetivo de contribuir al proceso investigativo de los casos sometidos a su competencia”.
Sin embargo, el subcomisario Edgardo Barahona, portavoz de la Secretaría de Seguridad, indicó que el proyecto de ley va enfocado a la intervención exclusivamente en casos de secuestros y abuso sexual.
“Esta solicitud es para tener acceso a datos pero en casos específicos como secuestros o privaciones de libertad y agresiones sexuales. Lo que se pretende es que se solicitaría a las compañías de telefonía móvil acceder a datos como ubicaciones de la última llamada, la hora en que se realizó o la antena que registró la llamada”.
La iniciativa, que ya pasó dos debates en el Congreso Nacional, también pacta que “los registros técnicos referidos son llamadas telefónicas, videollamadas, mensajes de voz, mensajes de texto cursados de terminal a terminal o cursados vía internet; así como otros tipos de registros de servicios”.
No obstante, Barahona sentenció que “ninguna de estas solicitudes tiene que ver con datos personales ni íntimos de la persona como sería lo que trascendió, el acceso a mensajería como WhatsApp, Telegram u otro tipo”.
