TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los casi 30 millones de lempiras destinados como presupuesto anual al Mecanismo Nacional de Protección de comunicadores sociales, defensores de derechos humanos y operadores de justicia se invierten en gran medida sólo en el 1% de los beneficiarios de este organismo estatal.
Este dinero es destinado para brindar las medidas de seguridad a seis defensores de derechos humanos y un periodista, quedando prácticamente desprotegidas un aproximado de 693 personas que están dentro del Mecanismo, pero que por la falta de recursos no gozan de las adecuadas medidas de protección.
Dina Meza, defensora de derechos humanos en el país, detalló que parte de este dinero se va en el alquiler de carros blindados, “más o menos anda por unos 300 dólares diarios el alquiler de cada uno de esos vehículos blindados, más el mantenimiento; ese es el caballito de Troya de la Secretaría de Derechos Humanos”, aseguró.
Meza manifestó: “Hicimos una solicitud de información y sale que la Secretaría sólo ejecutó el 38% del presupuesto hasta junio del 2023; están aplazados en la ejecución del presupuesto en detrimento de las víctimas”.
Se intenta corregir
Javier Acevedo, director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), reconoce que “eso es un elemento que se ha tratado de corregir, porque efectivamente la mayor parte del presupuesto que tiene el Mecanismo se utiliza para cubrir siete medidas cautelares de protección”, precisó.
Acevedo admitió que esta condición coloca en una situación de desprotección a los demás beneficiarios.
Se conoció que de los siete casos en los que se emplean el 95% de los recursos, fueron medidas dictadas por la Comisión Interamericanas de Derechos Humanos (CIDH). “Tiene que ver con la voluntad política. Estas personas que pudieron ser protegidas, están muertas”, lamentó Meza.
