Una nueva detención judicial se dictó este lunes en los Juzgados de Letras de lo Penal en contra de Mario Roberto Zelaya, exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social (Ihss), acusado por almacenamiento ilegal de armas de guerra y almacenamiento ilegal de armas comerciales en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras.
Según la acusación presentada por el Ministerio Público, el 4 de febrero de 2014 durante un allanamiento realizado en la casa del exfuncionario, ubicada en la colonia San Ignacio y la cual fue incautada, se encontraron una escopeta marca Mossberg calibre 12, un rifle marca Marlin modelo 60 SS calibre 22 LR, una mira telescópica, un fusil marca Remington calibre 5.55 con mira telescópica, un rifle carabina marca Range calibre 22 con mira telescópica, una escopeta marca Winchester calibre 12, un rifle marca Máuser modelo 98 calibre 8 mm de la cual se encontraron 139 cartuchos.
Durante la audiencia en la cual estuvo presente el acusado, la Fiscalía formalizó la acusación, por lo que el juez decretó la detención judicial y ordenó el traslado nuevamente a las instalaciones del Centro de Detención del Primer Batallón de Infantería, donde guarda prisión desde hace un año.
La audiencia inicial fue programada para el jueves a las 9:00 AM, durante la misma, tanto la Fiscalía como la defensa presentarán las pruebas de la culpabilidad o inocencia del sospechoso.
Las acusaciones
Desde febrero de 2014, el Ministerio Público ha presentado siete requerimientos fiscales en contra de Mario Zelaya y otros exfuncionarios del Seguro Social. En el caso del exdirector del Ihss, la Fiscalía ha logrado que se le dicten seis autos de formal procesamiento con prisión preventiva y una detención judicial.
Entre las acusaciones presentadas contra Zelaya se encuentran: la relacionada a la sobrevaloración de boletos aéreos por 1.4 millones de lempiras, por lo que fue acusado por dos delitos de abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios, fraude y malversación de caudales públicos.
Por este último recibió sobreseimiento definitivo, por lo que la Fiscalía presentó un recurso de apelación.
Luego se le presentó la acusación por dos delitos contra la administración de fondos públicos y privados de jubilaciones y pensiones y abuso de autoridad.
Según la Fiscalía, Zelaya promovió la aprobación de dos resoluciones emitidas por la exjunta directiva sobre la erogación de 1,520 millones de lempiras.
Una tercera acusación fue presentada por el delito de lavado de activos y cohecho impropio pasivo, los que habrían sido cometido por Zelaya al recibir más de dos millones de lempiras para agilizar pagos a una de las empresas que prestaban servicios.
El exfuncionario también fue acusado por el delito de lavado de activos luego de la creación de varias empresas “fantasma” por medio de las cuales logró erogar 330 millones de lempiras.
Otra de las acciones judiciales fue por los delitos de fraude y malversación de caudales públicos, los cuales están relacionados a la compra de equipo biomédico adquirido a la Distribuidora Metropolitana S. A (Dimesa).
Entre los actos de corrupción por los que se ha acusado a Mario Zelaya también están el abuso de autoridad y la malversación de caudales públicos en perjuicio de los empleados del Seguro Social.
Estos delitos fueron cometidos cuando el exdirector de la institución junto a José Ramón Bertetty, exgerente del Ihss, retuvieron 167 millones de lempiras producto de las deducciones realizadas a los empleados desde el mes de abril a diciembre de 2013, en concepto de Impuesto sobre la Renta y el cual no fue entregado a la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI).
Por esta acción ambos funcionarios fueron citados por la DEI, pero no se presentaron, por lo que el Seguro Social fue multado por la DEI.
