TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La Ley de Aceleración Económica y Protección Social Frente a los Efectos del Coronavirus fue aprobada de forma irregular y se utilizó de mampara esta pandemia para el desembolso de millonarios recursos que provendrán en parte del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Así lo denunció ayer el presidente del sindicato de esta institución, Héctor Escoto, quien afirmó que “una de las justificaciones para esta ley es el asunto de la emergencia por el coronavirus y queremos decir enfáticamente que eso se ha hecho de una forma irregular, poniendo como carnada el asunto de la enfermedad”. “No creo que es correcto que se siga sacrificando el Seguro Social en sacarle esos fondos, me parece que no es la mejor manera justificar por el coronavirus un acto de esos”, agregó.
Escoto anunció que el Sindicato de Trabajadores del Instituto Hondureño de Seguridad Social (Sitraihss) se mantendrá en alerta y próximamente emitirá un pronunciamiento ante la admisión de esta normativa en el Congreso Nacional. Diversos sectores de la sociedad han cuestionado la aprobación de este instrumento jurídico con el que se pondrá a disposición 420 millones de dólares (más de diez mil millones de lempiras) para combatir los efectos del Covid-19 en la República. Además, con estos recursos se construirán sin licitación 94 centros de salud entre ellos 11 hospitales, incluyendo la creación de cien mil fuentes de trabajo.
Un nuevo saqueo al IHSS y la tercerización de sus servicios provocaría el marco legal promovido por el Poder Ejecutivo, advirtieron representantes del gremio médico del país.
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Destino de fondos
“Es éticamente exigente que los fondos sean utilizados para los fines que fueron destinados; una autorización inadecuada de esos fondos tendría que ser penada drásticamente por la ley porque se está jugando directamente con la vida de la población”, manifestó el director de la Pastoral Social Cáritas de Honduras, German Cálix, en entrevista a EL HERALDO. Lamentó que se haya dejado al margen de la veeduría de esta legislación al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
Aunque la normativa se ampara en una disposición de la Constitución de la República para hacer compras directas sin licitación en casos de emergencia, el sacerdote indicó que otras instituciones de la sociedad civil deben de supervisar la implementación de la ley y el adecuado uso de los fondos, sostuvo. Cálix resaltó que “sin supervisión, veeduría social, estamos casi a las puertas de seguir cometiendo los mismos actos de corrupción que se han realizado en el pasado cuando hacen ese tipo de compras directas”.
De su lado, el analista del Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Ismael Zepeda, cuestionó que no se haya incluido a entidades como el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) o el Ministerio Público (MP) como los principales veedores del instrumento jurídico que ha generado polémica.
“Se va a saltar la Ley de Contratación del Estado, pone a unos entes para supervisar estos fondos que no tienen nada que ver con lo público”, aseguró.
El economista planteó que “esta ley pone mecanismos de utilización tanto de los recursos una parte del Seguro Social, pero también de irse a lo privado para poder utilizar la tercerización de servicios supuestamente por este virus”.
El decreto legislativo que contendrá este marco legal aún no ha sido promulgado en el diario oficial La Gaceta.
Si bien, la gerente de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), Thelma Neda, informó a EL HERALDO que en esta semana se publicaría la ley, no hubo actividad ayer en este órgano desconcentrado como parte de las medidas decretadas por el gobierno para evitar la propagación del Covid-19.
