La titular de esta comitiva legislativa, Welsy Vásquez, confirmó a EL HERALDO que el proyecto de decreto presentado por la diputada del Partido Nacional, Sara Medina, fue turnado a esta comisión ordinaria y no a la de Salud.
“Vamos a hacer la socialización, hablar con algunos médicos especialistas en este tema, nos reuniremos con sociedad civil, derechos humanos y la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf)”, mencionó.
La también subjefa de la bancada del PN indicó que por información no fidedigna han conocido que la gestación por subrogación se lleva a cabo en clínicas y hospitales privados del país. De la socialización del marco legal y la opinión de los distintos sectores sociales va a depender si el dictamen que resulte al final es favorable o desfavorable, apuntó.
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El pasado 1 de febrero la congresista Ariana Banegas introdujo a la cámara legislativa una normativa similar, pero denominada Ley Reguladora del Período de Gestación por Subrogación.
La Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH) emitió un pronunciamiento en el que no respaldan que se legisle la maternidad por sustitución como una solución a las parejas infértiles y que la gestación subrogada genera problemas éticos severos.
Posturas
Distintas posturas tienen los diputados de las fuerzas políticas representadas en el CN sobre este tema y aún no han definido si respaldarán este instrumento jurídico al ser sometido a discusión.
Vásquez dijo que “va a depender mucho de lo que diga la comisión de dictamen y de lo que se resuelva dependerá el voto favorable de nuestra bancada”. De su lado, la jefa de bancada del Partido Innovación y Unidad (Pinu), Doris Gutiérrez, aseguró que no solo es necesario consultar el criterio de médicos o psicólogos, sino también analizar la capacidad del Estado para atender estas situaciones y a qué sector poblacional beneficiaría.
“Habría que hacer un estudio de a qué necesidades reales responde porque más bien aquí en Honduras las tasas de natalidad son altísimas y en materia de salud tenemos otras prioridades”, sostuvo. La también integrante de la comisión dictaminadora insistió en que los costos que acarrearía el alquiler de vientres se deben de analizar, ya que no es lo mismo que arrendar un bien mueble o inmueble porque se trata de vidas humanas.
“No sabemos exactamente a qué sectores va a beneficiar positiva o negativamente; para dictaminar una ley no se puede hacer de manera antojadiza ni prematura y sin tener toda la información científica correspondiente”, planteó. A criterio de Gutiérrez esta normativa busca favorecer a una clase pudiente en la nación y no se puede permitir que la gestación por subrogación se convierta en un negocio.
