Tegucigalpa, Honduras.- Un “aviso por escrito de su intención por terminarlo” es necesario para finalizar el “Convenio Militar Estados Unidos - Honduras”, que permite la presencia de tropas estadounidenses en territorio hondureño y que la presidenta Xiomara Castro amenaza con eliminar si el país norteamericano endurece su política migratoria.
El acuerdo, firmado el 1 de diciembre de 1954 y modificado con un anexo el 7 de mayo de 1982, estipula que, tras el aviso de terminación, seguirá vigente “hasta un año después de que una de las partes contratantes reciba de la otra un aviso por escrito de su intención de terminarlo”, según establece la normativa bilateral.
En ese contexto, si Castro lleva a cabo su amenaza de expulsar a la Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo (FTC-Bravo) de la base militar José Enrique Soto Cano, en Palmerola, no necesitará la aprobación de ninguna otra instancia.
Sin embargo, su declaración ha generado una fuerte ola de rechazo entre la oposición y analistas, quienes advierten que esta medida podría debilitar las relaciones que Honduras y Estados Unidos han mantenido durante décadas.
EL HERALDO conversó con expertos en relaciones internacionales, revisó el convenio y el anexo que le dieron vida a la instalación de la base militar de Estados Unidos en Honduras, recopiló la postura de funcionarios, políticos de gobierno y oposición y líderes nacionales en Estados Unidos para tener un panorama más amplio del tema.
Palmerola
La presencia de militares de Estados Unidos en Palmerola, Honduras, se remonta a 1983, en el contexto de la Guerra Fría y como parte del convenio firmado en 1954.
En ese año llegó al país la Fuerza de Tarea Conjunta 11, que posteriormente adoptó el nombre de Fuerza de Tarea Conjunta Alfa y que hoy se conoce como la FTC-Bravo.
Esta fuerza de tarea armada llegó desde Estados Unidos a Honduras según lo detalla la pagina oficial del Comando Sur de Estados Unidos con una misión especifica de “desalentar la agresión nicaragüense”.
Según el Comando Sur de Estados Unidos, esta fuerza armada fue desplegada con la misión específica de “desalentar la agresión nicaragüense”. Actualmente, se definen como “una de las dos fuerzas de tarea bajo el Comando Sur de los Estados Unidos”.
Desde la base José Enrique Soto Cano, operan “una base aérea avanzada, apta para todo tipo de clima y con capacidad operativa día y noche, diseñada para recibir aeronaves C-5 (aviones militares de gran tamaño y capacidad de carga)”.
Además, organizan ejercicios multilaterales y colaboran con países socios en operaciones contra el crimen organizado transnacional, asistencia humanitaria, socorro en casos de desastres y desarrollo de capacidades para fortalecer la cooperación y la seguridad en América Central, Sudamérica y el Caribe.
La FTC-Bravo está formada por más de 500 militares estadounidenses y 500 civiles hondureños y estadounidenses.
Entre las acciones humanitarias que ha desarrollo la FTC-Bravo está el despliegue de una equipo médico hacia Perú en respuesta a los daños causados por un terremoto en el país (2007), apoyo a la operación Respuesta Unida en Haití (2010), ayuda a regiones de Honduras tras la tormenta tropical Hannah (2014), apoyo en el combate de incendios en Tela, Honduras, y la Provincia de Darién en Panamá (2016).
Además, ha prestado de apoyo en el combate de extensos incendios forestales en Honduras (2017), asistencia ante la devastación causada por los huracanes Eta e Iota en Honduras, Guatemala y Panamá (2020) y asistencia en Haití tras un terremoto catastrófico, transportando suministros de USAID y salvando vidas (2021)
En el convenio, que consta de 11 artículos, Honduras se comprometió en recibir ayuda militar “tomando parte en misiones importantes para la defensa del hemisferio occidental... no traspasar a persona alguna que no sea funcionario o agente de ese gobierno, así como a ningún otro gobierno el titulo o posesión de ningún equipo material o servicio”.
Sobre finalizar el acuerdo, indica que ”este convenio entrará en vigor en la fecha que se suscriba y permanecerá en vigencia hasta un año después en que una u otra de las partes contratantes reciba de la otra aviso por escrito de su intención por terminarlo”.
Disolución
En relación a la disolución o salida de los militares estadounidenses de la base aérea José Enrique Soto Cano hay diferentes posturas sobre el proceso de ruptura.
A juicio del canciller Enrique Reina, no se necesita del Congreso Nacional (CN) para terminar el convenio, porque “la letra del tratado es lo que dice expresamente, dice que cualquiera de las partes denunciará a la otra, la denuncia en un término de tanto tiempo, entonces, eso no dice que tiene que volver al Congreso”.
“La Constitución dice que en ciertos casos los tratados pasen al Congreso, pero en ciertos casos ya para la denuncia la mayoría no tienen que ir al Congreso”, expresó Reina, quien de forma contundente sostuvo que “la Constitución no dice absolutamente nada” sobre la obligación del Ejecutivo de someter esta decisión a la deliberación del Legislativo.
Por su parte, el preaspirante presidencial y diputado Jorge Cálix consideró que la disolución debe pasar obligatoriamente por el Poder Legislativo.“Esta decisión debe pasar por el Congreso, y en el Congreso son minoría (la bancada de Libre).
Lejos de ponerse a pelear con Estados Unidos, pónganse a trabajar para ampliar el TPS o para atraer inversiones y crear oportunidades para que nadie tenga que irse de su país”, demandó Cálix.
Además, acusó al gobierno de tener intereses particulares en el tema: “Por esta razón el familión, quiere retirar esta base de Honduras, porque afecta sus negocios familiares, al igual que la extradición y por eso la quitaron”.
La misma postura adoptó el diputado Tomas Zambrano, quien aseguró que no es decisión de la presidenta Xiomara Castro, sino del Poder Legislativo, donde el Partido Libre es minoría y no recibirá el apoyo.
”Ni siquiera tienen los votos para aprobar el Presupuesto General, mucho menos para eliminar la base de Palmerola”, cerró.
EL HERALDO, por su parte, conversó con el analista internacional Graco Pérez, quien explicó que para finalizar el acuerdo militar “solo se debe hacer una nota escrita, le corresponde al Ejecutivo”.
Pérez argumentó que la terminación del convenio legalmente “no tendría que pasar por el Congreso Nacional, es un tema similar al del Tratado de Extradición, solo que en este es un año que estará vigente luego de su cancelación y la extradición es por seis meses”.
El experto comentó que al momento de aprobarlo se realiza desde el Ejecutivo, pasa por el Congreso Nacional que lo aprueba o rechaza, posteriormente regresa al Ejecutivo para posteriormente su publicación, “pero en la cancelación no debe regresar el Legislativo”.
Explicó que la llegada a Palmerola de los militares se estableció en un anexo al convenio firmado en 1982, “no fue un convenio nuevo, es la ratificación del que se firmó en 1954, entonces las bases se mantienen al momento de cancelarlo, puede ser una decisión presidencial”.
El experto detalló que, en todo caso, el Congreso Nacional podría solicitar una explicación sobre las causas para cancelar el acuerdo militar, pero “sería, más que todo, buscar protagonismo porque la decisión no se puede cambiar desde ahí”.
Para Pérez, la cancelación sería una decisión equivocada, incluso la amenaza está fuera de contexto porque “el presidente (Donald) Trump todavía no asumió el cargo y tampoco han comenzado con deportaciones masivas, entonces es un panorama incierto”.
Repudio desde Estados Unidos
Aunque Castro justifica la amenaza de retirar las bases militares como un acto reciprocidad por el anuncio de deportaciones masivas de hondureños desde Estados Unidos, líderes catrachos en ese país no respaldan la postura.
Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre y dirigente hondureño en Estados Unidos, calificó de preocupante el mensaje, porque “es una amenaza directa contra el recién electo presidente de Estados Unidos Donald Trump”.
“Reprochamos y condenamos que utilice a los migrantes hondureños en sus fines ideológicos”, expresó Flores.
Argumentó que están a las puertas de un gobierno que anunció deportaciones masivas, con miles de hondureños con estatus irregular, problemas legales y “estas declaraciones vienen a aumentar una posible crisis”.
Flores recalcó que “consideramos que no se está tomando en cuenta el impacto en contra de los migrantes hondureños en Estados Unidos, las remesas resultan fundamentales, les podrían poner intereses, cancelarlas, bloquearlas, todo eso causa una tremenda preocupación”.
Recordó que este año termina el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), por lo que “nosotros esperaríamos una agenda diplomática a favor con presencia de funcionarios abogando por los hondureños, pero nos encontramos con una confrontación en la que el presidente Trump puede decir que Honduras no sigue con el TPS”.
El líder hondureño analizó que “la presidenta Xiomara Castro está utilizando a los migrantes hondureños en sus temas ideológicos, si quería evitar las deportaciones no hubieran firmado el convenio para recibir 12 vuelos mensuales de migrantes en Honduras, pero fue firmado por el canciller Reina”.
Por su parte, Alma Zúniga, dirigente hondureña radicada en Estados Unidos, manifestó que “estamos preocupados por esas declaraciones irresponsables en las que se utiliza a los migrantes hondureños en Estados Unidos para amenazar al presidente Donald Trump por el tema de las deportaciones”.
A juicio de Zúniga, “hay vías diplomáticas para tratar este tipo de temas, más con un gobierno como el de Trump que mantiene una postura clara contra ideologías socialistas y encima con una agenda migratoria en la que se esperan miles de deportaciones”.
“Es triste y decepcionante, a los migrantes no nos buscan para apoyarnos, ahora peor, resulta que nos están perjudicando, deberían de buscar acercamientos para un alivio migratorio, permisos de trabajo, legalización, pero al contrario van y nos ponen de carnada”, dijo.
