El gobierno estadounidense de Donald Trump inició el viernes una limpieza en el Departamento de Justicia, al exigir la renuncia de 46 fiscales federales designados durante el mandato de su predecesor Barack Obama, entre ellos el fiscal que lleva el caso del hondureño Fabio Lobo.
Los presidentes estadounidenses suelen ordenar a funcionarios de confianza que renuncien cuando asumen el cargo, pero la naturaleza abrupta de la medida sorprendió a algunos, sobre todo teniendo en cuenta que a muchos fiscales se les pidió que se fueran inmediatamente.
El famoso fiscal de Manhattan, Preet Bharara, está entre quienes deben irse, a pesar que él se reunió con Trump antes de que el magnate republicano asumiera el poder y dijo que se le había pedido mantenerse en el cargo.
Cabe destacar que Bharara llevaba actualmente el caso del hondureño Fabio, hijo del presidente Porfirio Lobo Sosa, acusado en Estados Unidos por narcotráfico.
El hijo del expresidente Lobo se declaró culpable en una Corte Federal de Manhattan, por un cargo para importar cocaína a Estados Unidos.
Fabio fue detenido en la República de Haití el 20 de mayo de 2015 y llegó a Estados Unidos el 21 de mayo de 2015.
Presuntamente, el hondureño accedió a ayudar a dos traficantes de droga mexicanos, que eran en realidad las fuentes confidenciales de la DEA, con el transporte de una carga de varias toneladas de cocaína a través de Honduras para que los narcóticos fueran importados a Estados Unidos.
A cambio de esto iba a recibir un interés financiero en una parte de la cocaína que estaba destinada a ser vendida y distribuida en el territorio estadounidense.
Según las leyes federales de Estados Unidos, el cargo conlleva una pena máxima de cadena perpetua, y un plazo mínimo obligatorio de 10 años de prisión
Mientras que la portavoz del Departamento de Justicia, Sarah Isgur Flores, dijo que el secretario de Justicia y fiscal general, Jeff Session, había solicitado 'a los 46 fiscales federales designados por el presidente (anterior) presentar sus renuncias con el fin de asegurar una transición uniforme'.
Muchos de los fiscales federales que fueron nombrados por el expresidente Barack Obama ya han dejado el cargo, pero se pidió la salida del resto de los que permanecieron durante las primeras semanas del gobierno de Trump 'para garantizar una transición uniforme', declaró la portavoz del Departamento de Justicia, Sarah Isgur Flores.
Fiscal crítico que lleva caso de Fabio Lobo se niega a renunciar
'Hasta que se confirmen los nuevos fiscales federales, los dedicados procuradores de carrera en nuestras fiscalías federales continuarán con la gran labor del departamento en materia de investigación, procuración de justicia y disuasión de los criminales más violentos, dijo Isgur Flores en una declaración.
Se acostumbra que los 93 fiscales federales del país dejen sus cargos con la llegada de un nuevo presidente, pero las salidas no son automáticas. Un fiscal federal nombrado por el presidente George W. Bush, Rod Rosenstein de Maryland, permaneció en el puesto durante todo el mandato de Obama y es el nominado actual para subsecretario de Justicia.
Tim Purdon, exfiscal federal de Dakota del Norte durante el gobierno de Obama, recordó que Obama les permitió a los designados por Bush permanecer en el cargo hasta que se nombrara y confirmara a sus sucesores.
'La manera en que el gobierno de Obama manejó el asunto fue la apropiada, respetuosa y con clase', subrayó. 'Esto me entristece porque muchas de estas personas son grandes servidores públicos y ahora se les pide su salida'.
Los fiscales federales son abogados a nombre del país que son designados por el presidente, generalmente a recomendación de un senador de cada estado, y son los responsables de proceso de crímenes federales en los territorios a su cargo. Reportan al Departamento de Justicia en Washington y se espera que sus prioridades sean las mismas del secretario de Justicia.
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