TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En las auditorías realizadas por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) respecto a las liquidaciones al Fondo de Desarrollo Departamental (FDD), se detectó una falta de control eficiente para el trato de expedientes administrativos referentes al manejo de proyectos de desarrollo.
Así lo concluyó el ente contralor del Estado en base a tres auditorías concluidas y que han sido notificadas, como parte de las liquidaciones a este fondo que reciben los diputados del Congreso Nacional.
Otra de las anomalías detectadas es que no se han cumplido con ciertos requisitos de información como que en las planillas no se describe el período de pago, concepto y fecha de elaboración.
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A la Asociación de Jóvenes para el Desarrollo Integral (Ajopadih), Instituto para el Desarrollo Comunitario (Indapeco) al igual que la asociación Así quiero vivir Honduras (ASIH) fueron a las entidades que se les practicaron las auditorías.
Sin embargo, la investigación apunta la existencia de pruebas documentales y testificales que determinan que los proyectos que fueron evaluados se ejecutaron de conformidad, sin detectarse indicios de responsabilidad civil o penal.
El decreto legislativo 141-2017 fue aprobado por el CN y en él se estableció que el TSC aprobaría un reglamento especial para auditar los recursos recibidos como parte del FDD que recibieron exdiputados, incluyendo actuales congresistas, entre los períodos de 2006 al 2010; 2010 al 2014 y 2014 al 2018.
Un departamento de Auditorías del Fondo Departamental fue creado, mismo que está conformado por 17 auditores.
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A esta dependencia del ente rector del sistema de control público se le ha desembolsado 40 millones de lempiras como parte del presupuesto para su funcionamiento. Las liquidaciones deben ser presentadas por las entidades que ejecutaron los proyectos, es decir, organizaciones no gubernamentales (ONG), asociaciones, fundaciones, municipalidades, patronatos, entre otras.
Una vez recibidas las liquidaciones por el TSC se verificó que los diputados únicamente gestionaron la asignación de recursos para las entidades ejecutoras.
Primer informe
Un primer informe de auditoría con responsabilidad penal se encuentra en revisión para ser remitido al Ministerio Público (MP), confirmó a EL HERALDO personal de esta entidad.
Como meta para los primeros meses de este año se propuso concluir auditorías a 56 proyectos. Las iniciativas con auditoría en proceso están comprendidas en Francisco Morazán, Valle, Choluteca, La Paz e Intibucá. Además, la investigación comprende a Santa Bárbara, Atlántida, Yoro, Lempira y Cortés.
En proyectos de ecofogones, becas escolares, fumigaciones, reparación de calles secundarias hasta transferencias de valores del FDD a alcaldías se han llevado a cabo las auditorías.
A mayo de este año, 880 liquidaciones han sido recibidas por 251 diputados que han fungido como gestores.
Un total de 350 millones de lempiras han sido los fondos liquidados y restan otros 73 millones de lempiras de las auditorías que aún se encuentran en proceso.
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