TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La corrupción ha tocado las puertas de la mayoría de instituciones del engranaje público hondureño.
Los casos de irregularidades son innumerables, al grado que los fiscales del Ministerio Público (MP) son insuficientes para llevar a cabo las investigaciones.
Las cifras oficiales de la Fiscalía señalan que existen instituciones públicas en las que hay decenas de líneas de investigación porque se ha detectado irregularidades en el manejo de fondos públicos.
Son más de 20 dependencias estatales las que se encuentran en un proceso investigativo por supuestos actos irregulares.
Los delitos que investigan van desde abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, violación de los deberes de los funcionarios y hasta lavado de activos.
Por lo menos cada mes, el ente fiscal pone en marcha sendos operativos que incluyen el secuestros de documentos en entes gubernamentales y alcaldías.
Las indagaciones marchan a paso lento y se han mantenido abiertas con el paso del tiempo y en cualquier momento se pueden emitir los requerimientos fiscales.
Son pocas las instituciones públicas, al grado que se pueden contar con los dedos de una mano las que no están bajo investigación del ente fiscal.
Las más investigadas
Una de las secretarías más investigados por actos de corrupción es la de Salud, en donde se ha detectado desde la compra irregular de medicamentos hasta el otorgamiento ilegal de becas a personas que nada tienen que ver con la institución.
Estas han dejado un multimillonario perjuicio económico en Salud.
De la mira del Ministerio Público tampoco se escapa el Hospital Escuela.
Allí los fiscales han logrado identificar un verdadero nido de corrupción que ha mantenido por años en cuidados intensivos al principal centro asistencial del país.
Las indagaciones se extienden a más de una docena de hospitales y centros de salud públicos, en donde sus funcionarios se han enriquecido haciendo millonarios negocios en la adquisición de medicamentos e insumos médicos.
A la lista se suma la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep) y la Dirección de Carreteras por el otorgamiento irregular de contratos de construcción de vías de acceso y puentes.
“Las personas de interés son exaltos funcionarios del despacho ministerial y de la Dirección General de Carreteras (período 2014-2015)”, informó recientemente el Ministerio Público.
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) no se escapa de las investigaciones de la Fiscalía.
El Despacho de la Primera Dama tampoco se queda fuera del foco de los fiscales.
De hecho, ya existe un caso judicializado por la supuesta apropiación de más de 16 millones de lempiras durante el período presidencial 2010-2014.
En esa misma dependencia estatal se investiga la supuesta entrega irregular de fondos públicos a Organizaciones No Gubernamentales (ONG) para la ejecución de proyectos sociales.
Los militares no solamente son investigados por presuntos actos irregulares, sino que a varios se les atañe haber participado en una serie de crímenes tras el proceso electoral de 2017.
Por innumerables denuncias, los fiscales asignados a la Fiscalía de Transparencia y Combate a la Corrupción Pública investigan, entre otras cosas, el tráfico de identidades, actas de defunción y partidas de nacimiento.
Además, el pago de jugadores de un club de fútbol de la primera división.
El Patronato Nacional de la Infancia (Pani) es otra de las entidades estatales en donde fluye la corrupción.
En el Pani se indaga el desvío de más de 100 millones de lempiras a cuatro fundaciones que no tienen ninguna relación con esa dependencia.
A la lista de oficinas públicas investigadas se suman el Instituto Nacional Agrario, el Instituto de la Propiedad, Mi Ambiente, la Secretaría de Seguridad, la Universidad Nacional de Agricultura, Hondutel, entre otras.
La Alcaldía del Municipio del Distrito Central, la de San Pedro Sula, La Ceiba, Puerto Cortés, Choluteca y Tela, entre otras, son las que encabezan la lista de alcaldías investigadas por actos de corrupción. En todas ellas se indaga la mala ejecución de proyectos y el abuso de autoridad de sus funcionarios.
