TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El canciller hondureño, Enrique Reina, negó que haya un “asalto de colectivos” del Partido Libertad y Refundación (Libre) en el Congreso Nacional y pidió a los senadores estadounidenses que emitieron dichos señalamientos, que respeten la soberanía de Honduras.
A través de su cuenta de X (antes Twitter), Reina reaccionó a las acusaciones de los senadores Marco Rubio y Jim Risch, quienes son miembros de alto rango del Subcomité del Comité de Relaciones Exteriores del Senado para el Hemisferio Occidental y quienes condenaron el lunes lo sucedido en días recientes en el Poder Legislativo del país centroamericano.
“No hay asalto de colectivos al CN (Congreso), ni mano dura de la presidenta o del Ejecutivo al CN. Hay respeto a la división de Poderes, ustedes deben respetar nuestra soberanía y dejar de mal informarse con la oposición, que es la que destruyó la institucionalidad con Juan Orlando Hernández, a quienes apoyaron cuando Trump y convirtió a Honduras en un narco estado y sí violentó los poderes del Estado”, comenzó diciendo Reina.
El senador Rubio había dicho en la misma red social horas antes: “Emití un comunicado junto al @SenatorRisch condenando la continua mano dura de la presidenta @XiomaraCastroZ en contra de la separación de poderes en Honduras. El reciente asalto violento por parte de ‘colectivos’ a miembros del Congreso de Honduras es sumamente preocupante”.
El documento agrega: “Los recientes actos de violencia por parte de ‘colectivos’ del Partido Libre contra miembros del Congreso Nacional para imponer un falso fiscal general socavan las instituciones democráticas de Honduras. El próximo fiscal general debe ser elegido con los 86 votos constitucionalmente requeridos”.
Es por eso que el canciller hondureño añadió en su respuesta que “el trabajo de la Comisión Permanente del CN se basa en la Constitución y tal como en Estados Unidos hay una cláusula similar de nombramiento en receso de funcionarios y esa le compete para nombrar interinamente al fiscal fiscal adjunto”.
El funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional concluyó con una contundente petición: “No jueguen su política interna en nuestra política interna”.
Disturbios en el Congreso
Los señalamientos de violencia en el Congreso se deben a los hechos ocurridos la semana anterior, cuando se exigía el retorno de sesiones en ese poder del Estado, luego de dos meses sin reunirse, pues los diputados no podían llegar a un consenso para elegir a las nuevas autoridades del Ministerio Público.
Mientras la junta directiva del Congreso Nacional juramentaba a una Comisión Permanente para que eligiera a un fiscal general y a un fiscal adjunto interino, la oposición protestaba afuera de la sala de reuniones, pidiendo que el proceso se llevara a cabo respetando las leyes.
La tensión aumentó cuando decenas de personas, presuntamente integrantes de los colectivos de Libre, llegaron y comenzaron a confrontar a los diputados opositores, lanzándoles botellas, agua y otras cosas; además, insultándolos.
Uno de los más afectados fue el diputado de Partido Nacional, Antonio “Toño” Rivera Callejas, quien recibió un botellazo en la cabeza y quien requirió que le cerraran la herida con aproximadamente siete puntos de sutura.
El parlamentario dijo estar bien, pero reprobó la agresión en su contra y la denunció en diferentes espacios.
Al día siguiente también se registraron altercados, pero esto no evitó que la Comisión Permanente nombrara a Johel Zelaya como fiscal general interino y a Mario Morazán como fiscal adjunto interino, con nueve de los 86 votos requeridos.
Sanciones
En su pronunciamiento, los senadores Rubio, de Florida y Risch, de Idaho, recomiendan a su gobierno emitir algunas sanciones para quienes están en contra de la democracia, por ejemplo, migratorias, algo que sería perjudicial para el país.
“Estados Unidos apoya a quienes buscan salvaguardar la democracia y el estado de derecho en Honduras. El presidente Biden debería desplegar plenamente las herramientas autorizadas por el Congreso en virtud de la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y otras autoridades legales para imponer sanciones a todos aquellos que busquen socavar la democracia en Honduras. Se debe respetar la voz del pueblo hondureño”, enfatizaron.
Otra de las autoridades estadounidenses que se ha pronunciado preocupada por lo que ocurre en el país es la congresista María Salazar, quien es la presidenta del subcomité del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y quien recientemente dirigió una conferencia llamada “La relación bilateral entre Estados Unidos y Honduras y el análisis del gobierno socialista de la presidenta Xiomara Castro” , donde cuestionó varios hechos.
De igual manera, la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, ha llamado a los actores políticos hondureños a dialogar para evitar escenarios violentos, pero ante esta posibilidad incluso llamó a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en suelo catracho a que tomen medidas preventivas frente a las posibles protestas derivadas de la inconformidad en la elección del fiscal.
