El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera Avilés, confirmó la emisión de 16 órdenes de captura en el caso de Astropharma.
El pasado 18 de junio, el Ministerio Público presentó ante la Secretaría de la Presidencia de la CSJ un requerimiento fiscal en contra de varias personas por la supuesta compra y venta de productos sobrevalorados en la Secretaría de Salud.
Fue hasta el 24 de junio que el pleno de magistrados de la CSJ eligió a Rivera Avilés para que actúe como juez natural en el caso en el que se acusa a la diputada nacionalista Lena Gutiérrez, su padre Marco Tulio Gutiérrez y sus hermanos Ginette y Julio Gutiérrez, este último presidente del club deportivo Motagua.
En ese mismo requerimiento se acusó a empleados de la empresa Astropharma y a trabajadores y exfuncionarios de la Secretaría de Salud.
Ayer, durante la reinauguración de un edificio judicial en San Pedro Sula, el presidente de la CSJ confirmó la vigencia de las órdenes de captura en contra de todos los acusados.
“Los 16 requeridos tienen orden de captura y a todos los 16 requeridos también se les indicó que habrá una audiencia de imputado el día viernes a las 2:30 de la tarde, esperando que cada uno se presente voluntariamente”, informó Rivera.
Explicó que la orden de captura se libró porque “en otras ocasiones ha sucedido que se han ofrecido presentaciones voluntarias y llegado el momento no se cumplen”.
“Entonces esas órdenes de captura sirven más que todo para que no puedan salir del país. Es una forma de asegurar que se harán presentes en las audiencias correspondientes”, agregó.
La vigencia de esta orden quedó plasmada en la resolución de la admisión y petición de requerimientos presentado por las abogadas Elsa Calderón y Marina Varela en su condición de fiscales del Ministerio Público.
Según este documentos, los acusados son María de los Ángeles Fúnez Pineda, Martha Grisselda Vásquez Ordóñez, Ericka Ninoska Castillo Canelas, Mirza Lizeth Ruiz Castro y Kristian Manuel Bautista.
A todos ellos se les acusa de los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y prevaricato en perjuicio de la administración pública.
Además se acusa a Mirta Gloria Escobar Cárcamo, quien era la jefa del Almacén Central de Medicamentos en tiempos de la exministra de Salud, Roxana Araujo, por los delitos de abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios.
También se acusa a María Cristina Núñez García, Evelyn Flores Díaz y a la exadministradora general durante la gestión de Araujo, Soad Estrella Orozco Montoya.
A ellas se les supone responsables de los delitos de abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública.
El documento además indica que se acusó a Marco Tulio Gutiérrez Velásquez, Ginette Karime Gutiérrez Arévalo, Lena Gutiérrez Arévalo, Julio César Gutiérrez Arévalo, Carlos Alberto Zamora Bautista, Gladis Irías Rivera y Gilberto Lezama Toro.
Contra ellos, el Ministerio Público presentó acusación por delitos contra la salud pública, falsificación de documentos públicos, uso de documentos públicos falsos y otros fraudes en perjuicio de la administración pública.
Además a la diputada Lena Gutiérrez Arévalo se le acusa también por el delito de fraude contra los intereses del Estado en perjuicio de la administración pública.
El documento en que constan estas acusaciones concluye al señalar que las órdenes de captura serán dirigidas a la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), a la Policía Militar y a la Policía Nacional.
“Y una vez habidos los imputados, deberán ser puestos a la orden de este juzgado a fin de hacerles saber sus derechos constitucionales y darles a conocer el requerimiento”, señala.
Voluntad
Ayer, varios de los apoderados legales de los acusados se presentaron ante la CSJ para notificarse de la resolución emitida por Rivera Avilés.
El abogado Luis Romero, representante legal de Soad Orozco, lamentó la determinación de que se librara orden de captura ya que aseguró que al presentar la solicitud de presentación voluntaria se eliminaban riesgos de fuga.
Explicó que el puesto de Orozco era de cuarta categoría y que abajo de la gerencia administrativa existían varias unidades que verificaban las acciones ejecutadas por los proveedores y que la única función de ella era subir la orden de pago.
Así también Andrés Asfura, defensor de los señores Carlos Alberto Zamora Bautista y Gladis Irías Rivera, indicó que existe preocupación en este proceso por la falta de información ofrecida por la CSJ.
Dijo que desde el 24 de junio se pidió una copia del requerimiento, pero no les fue entregado, además informó que ese mismo día presentaron la solicitud para que sus clientes se presentaran voluntariamente.
Según Neptalí Rodezno, representante legal de María Cristina Núñez García y Evelin Flores Díaz, dijo que la orden de captura no podría ser efectiva si al mismo tiempo se les está citando a las personas imputadas.
Aseguró que hasta el momento desconocen el por qué el Ministerio Público acusó a sus clientes en este requerimiento.
Hasta la tarde noche de ayer, EL HERALDO intentó sostener comunicación con el abogado Eduardo Montes, defensor legal de la familia Gutiérrez, sin embargo su teléfono celular nunca fue contestado.
