TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El circuito judicial de las Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), instaurada en Roatán, Islas de la Bahía, estará conformada por 13 jueces extranjeros.
Un documento oficial del Consejo Técnico de la ZEDE Próspera al que tuvo acceso EL HERALDO revela la identidad de los togados y la recomendación hecha por una firma internacional que concluyó que cada uno de los postulantes salieron “claros”.
Curiosamente la nominación de los jueces y magistrados se hizo hace dos años, cuando el Poder Judicial no había aprobado la jurisdicción de las ZEDE.
Los estudiosos en materia constitucional consideraron que esta nominación es ilegal y atenta contra la Constitución de la República y tratados internacionales a los que Honduras está suscrito.
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Además, que se lleva de encuentro las facultades y atribuciones del Poder Judicial hondureño.
“Eso evidentemente es inconstitucional, violenta la soberanía y la independencia de los poderes públicos”, fustigó el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos.
A renglón seguido dijo que están creando tribunales excepcionales, lo cual está prohibido por la Constitución, estos tribunales prácticamente no tendrían ninguna dependencia del Poder Judicial, y no cabrían ahí absolutamente ni recursos de amparo ni de casación.
Según Barrientos, los tribunales de excepción violentan la soberanía porque Honduras no va a poder ejercer ahí actos soberanos con sus leyes y sus tribunales, y son una suplantación de actos que le corresponden directamente al Poder Judicial.
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Nominados
Los propuestos son cinco australianos, tres estadounidenses, tres alemanes y hasta dos guatemaltecos.
La lista es encabezada por Richard Chesterman, un australiano que fue presidente de la Corte de Apelaciones de la ciudad de Queensland y juez del tribunal supremo de esa ciudad.
También el exjuez Wayne Martin, que se desempeñó como presidente del Tribunal Supremo de Australia Occidental desde 2006 hasta su jubilación en 2018.
Otro de los australianos que fue propuesto es Martin Klapper, expresidente de la Asociación de Derecho de Recursos y Energía de Australia.
A la lista se suma John Robertson, un exjuez del Tribunal de Distrito de Queensland y exmagistrado del Tribunal de Planificación y Medio Ambiente y del Tribunal de Niños de Queensland.
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Asimismo figura el australiano Mark Higgins, un abogado experto en derecho administrativo y derecho penal.
De nacionalidad estadounidense encabezan la lista el exjuez y expresidente de la Corte de Apelaciones de Arizona, John Gemmill, y Richard Sanders, un exmiembro de la Corte Suprema de Washington, experto y defensor de los derechos de propiedad.
De igual forma fue propuesto como juez de la ZEDE Próspera, Ilya Shapiro, actual vicepresidente del Instituto Cato y director del Centro Robert A. Levy de Estudios Constitucionales, y fue asesor especial de la Fuerza Multinacional en Irak en temas de estado de derecho.
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Mientras que de Alemania fueron designados los abogados Michael Ulmer, cuya experiencia se centra en transacciones de fusiones y adquisiciones públicas y privadas nacionales e internacionales y asesoramiento sobre regulaciones de inversión extranjera directa, y el notario privado Gerhard Sperker, que tiene experiencia en asuntos civiles y comerciales.
Además, el chileno-alemán Pablo Palma Calderón, que tiene conocimientos en temas civiles tales como matrimonios y divorcios.
Mientras que de Guatemala fueron nominados los abogados Gerardo Anleu y Luis Pedro Álvarez.
El primero es un abogado especializado en derecho comercial y catedrático universitario. Y el segundo es un exdiputado y exmiembro de la comisión constitucional de Guatemala.
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Base legal
Recientemente, la Corte Suprema de Justicia acordó la Jurisdicción Especial ZEDE, la cual estará conformada por órganos jurisdiccionales que formarán parte integral del Poder Judicial de Honduras, con competencia exclusiva sobre las zonas.
Esta jurisdicción especial conocerá de los asuntos en las materias penal, niñez y adolescencia de conformidad con la Constitución, tratados internacionales vigentes en la República de Honduras y las leyes aplicables.
De igual manera, conocerán en todos los asuntos de carácter contractual o patrimonial sujetos a arbitraje obligatorio, cuando exista convenio en que se manifieste la renuncia al arbitraje y la decisión de someterse al conocimiento de los órganos jurisdiccionales competentes, de acuerdo a la materia y ámbito territorial donde se encuentre la ZEDE.
A diferencia de los juicios orales y públicos hondureños, en los procesos penales que se evacúen en las ZEDE, los jueces podrán desarrollar debates por jurados. Este procedimiento refiere a que los ciudadanos de las ciudades modelos podrán decidir sobre la culpabilidad de un imputado como ocurre en Estados Unidos.
Diversos sectores de la sociedad han solicitado la derogación de las ZEDE.
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