TEXAS, ESTADOS UNIDOS.- La tragedia que segó la vida de cinco hondureños en Texas pudo haberse evitado con una pronta respuesta de las autoridades, pues según cuentan los sobrevivientes fueron muchas las llamadas que realizaron para pedir ayuda, pero estas fueron ignoradas.
La noche del viernes 28 de abril de 2023, un hombre de origen mexicano identificado como Francisco Oropeza, de 38 años, ingresó a la casa de una familia hondureña y disparó contra varias personas que se encontraban al interior, usando un rifle de asalto.
En la escena murieron cuatro personas identificadas como Josué Jonathan Cáceres (18), Obdulia Rivera, Diana Velásquez y Sonia Argentina Guzmán. De igual forma resultó herido el niño Daniel Enrique Guzmán de nueve años, quien murió cuando era llevado a un hospital.
En la casa también se encontraban otros cinco niños que se salvaron gracias a que sus madres, en un acto heroico, los cubrieron con sus cuerpos. También se salvaron los esposos de dos de las víctimas y otra pareja que junto a su bebé se escondieron en un clóset.
El motivo de la masacre fue que el dueño de la casa, el hondureño Wilson García, se acercó a la valla que divide su hogar con el del mexicano y le pidió que por favor dejara de disparar cerca de su muro, pues además del riesgo que representa un disparo al aire, su hijo de dos meses de nacido no podía dormir por el ruido.
Esto hizo que el sujeto enfureciera y respondiera: “Voy a disparar en mi patio delantero, hago lo que quiera en mi propia casa” y luego entrara a su casa, pero lo que los hondureños jamás imaginaron era que instantes después ingresaría a la residencia donde estaban todos y les dispararía sin piedad.
Según se conoció, Oropeza ya había tenido conflictos con otros vecinos, pues acostumbraba a realizar disparos al aire y además era violento con su pareja, quien presuntamente lo había dejado recientemente por la misma razón.
Un vecino que habló con el Diario de Nueva York, dijo consternado que el mexicano “era un problema constante en el vecindario”, pues recordó que en una ocasión lo amenazó con matarle a su mascota.
Por esa razón ya había sido denunciado anteriormente y la Policía le había hecho algunas visitas para llamarle la atención, pero jamás pasó a mayores, pese a que en ese estado disparar en el patio de una propiedad es ilegal.
Conociendo su historial violento y queriendo evitar un problema personal, los hondureños llamaron varias veces a la Policía la noche de la tragedia, pero no fueron atendidos con prontitud.
Ramiro Guzmán, hermano y tío de dos de las víctimas, contó que “no solo fue una vez que se llamó a la Policía, fueron varias veces y no solo fue de un celular, fue de varios celulares... Yo hice cinco llamadas y todas las veces que me contestaban decían que la Policía ya estaba ahí, cuando no era así”.
Por su parte, Jefri Rivera, esposo de Diana Velásquez, otra de las víctimas, dijo que “nosotros estábamos en el porche esperando a la Policía, porque llamamos como diez veces y solo decían que ya venían y nada”.
“Fue entre media hora y 40 minutos desde que sucedió la tragedia hasta que llegó la Policía, pero ya había pasado todo”, agregó Ramiro.
Esta situación ha vuelto a poner en tela de juicio el tema de la libre venta de armas y su uso masivo en Estados Unidos y la negligencia con la que a veces actúan las autoridades al dar respuesta a las denuncias hechas por latinos en el número de emergencia 911.
