Las autoridades revelaron que hay 52 personas detenidas, la mayoría de ellas son hondureños, con edades de entre 26 y 55 años, que captaban a sus clientes en una iglesia evangélica y una Ong´s.
La Jefatura Superior de la Policía de Madrid detalló que la investigación viene desde enero de 2019, cuando los agentes detectaron la existencia de una organización criminal que se lucraba mediante la falsificación de documentación para tratar de regularizar la situación de ciudadanos extranjeros.
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Las investigadas inicialmente eran dos mujeres que se dedicaban a presentar solicitudes de autorizaciones de residencia con documentos falsificados.
Las integrantes de la organización habían establecido un estricto protocolo de seguridad a la hora de presentar las solicitudes, cambiando continuamente de teléfono y de correo electrónico para solicitar las citas y presentación de expedientes, llegando a constatarse al menos 24 números de teléfonos distintos en más de 300 solicitudes de residencia.
A lo largo de la investigación, conforme los agentes iban detectando documentación falsa, se averiguó que los ciudadanos extranjeros que pretendían regularizar su situación en España, eran captados en un lugar de culto y les exigían entre 200 y 7,500 euros, en función de la cantidad de documentos que necesitaran falsificar.
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En ese proceso de captación estaban presuntamente implicadas las mismas dos mujeres que presentaban las solicitudes y un tramitador de expedientes. La red también se encargaba de ofrecer contratos de trabajos ficticios.
También fue descubierto otro integrante de la red responsable de gestionar los empadronamientos ilegales de los ciudadanos engañados, requisito indispensable para regularizar la situación legal.
Esta red además amenazaba telefónicamente, con números ocultos o desde Honduras, a los extranjeros o a sus familiares, para que no delataran el procedimiento ilícito por el que pretendían regularizar su situación en España.
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Capturas
Hasta el momento se han practicado 52 detenciones, imputándose a los principales líderes del grupo los delitos de falsedad documental, usurpación de estado civil, denuncia falsa, delitos contra los derechos de los extranjeros, intrusismo profesional, amenazas, coacciones y pertenencia a organización criminal.La investigación continúa abierta ya que parte de la organización criminal se encuentra establecida en Honduras, país al que se enviaba el dinero obtenido ilícitamente para ser invertido y generar mayores ganancias para la red criminal.
