Patricia Aragón le dijo al funcionario de inmigración que había escapado de Honduras porque había sido asaltada y violada por un pandillero que la amenazó con matarla a ella y a su hija de nueve años si acudía a la policía.
Hace poco, esta costurera de 41 años de San Pedro Sula hubiera tenido buenas posibilidades de superar el primer obstáculo en el proceso de pedido de asilo, expresando un “temor justificado” por su seguridad. Pero fue rechazada. El funcionario que la interrogó sostuvo que el gobierno de Honduras no era responsable de lo que le había sucedido a Aragón y recomendó que no se le diese asilo, lo que implicaba que sería enviada de vuelta a su país.
“Los Estados Unidos siempre se han caracterizado como un país humanitario”, sostuvo Aragón llorando en Port Isabel, un centro de detención de inmigrantes que se encuentra en una zona remota, entre ganado y plantaciones de toronjas cerca de Los Fresnos, a unos 25 kilómetros (15 millas) de la frontera con México. “Mi experiencia ha sido muy difícil”.
En el marco de la intensa campaña del gobierno de Donald Trump contra la inmigración ilegal, el secretario de Justicia Jeff Sessions aumentó las restricciones a la concesión de asilos, haciendo que a los centroamericanos que dicen que le escapan a las pandillas, los traficantes de drogas y la violencia doméstica les resulte más difícil sortear el primer obstáculo en el proceso de asilo.
Abogados de inmigración dicen que a las personas les cuesta mucho demostrar que tienen temores justificados de sufrir las consecuencias si regresan a sus países. Y que los jueces de inmigración, que trabajan para el Departamento de Justicia, aceptan las recomendaciones de los funcionarios que se oponen al asilo en los procesos de apelación, lo que en la práctica interrumpe de plano un proceso que normalmente tomaba años antes de que siquiera comenzase.
“Es un ataque directo, manipulado, al proceso de asilo”, expresó Sofía Casini, de la agrupación sin fines de lucro Grassroots Leadership, de Austin, Texas, que trabaja con mujeres inmigrantes retenidas en el vecino centro de detención T. Don Hutto, las cuales fueron separadas de sus hijos en cumplimiento de una política que fue condenada desde casi todos los sectores antes de ser interrumpida el 20 de junio.
VEA: Límite de visas laborales crea escasez de mano de obra de México y Centroamérica en Texas
Casini dijo que de las aproximadamente 35 mujeres con las que trabaja su grupo, más de una tercera parte no sobrevivieron a la entrevista en la que deben demostrar temores justificados de ser blanco de violencia si regresan. Afirma que esto representa el doble que antes de que se implementaran las nuevas pautas. A nivel nacional, más de 2.000 menores y sus padres deben reunirse tras haber sido separados, incluida Aragón y su hija, que está alojada en un refugio para menores de Nueva York y cuyo futuro es tan incierto como el de su madre.
Para poder recibir asilo, una persona debe demostrar temores justificados de ser perseguida si regresa a su país por su raza, su religión, su nacionalidad, su pertenencia a determinado grupo social o por sus opiniones políticas. Las entrevistas con los funcionarios de inmigración generalmente duran entre 30 y 60 minutos y a veces se hacen por teléfono. Las evidencias que presentan los solicitantes de asilo para justificar sus pedidos deben ser traducidas al inglés y a menudo los inmigrantes no tienen abogados.
La dependencia tiene fondos para 687 funcionarios encargados de la primera evaluación de los pedidos de asilo en el año fiscal en curso, pero en estos momentos cuenta con solo 510 funcionarios.
A partir del 2010, el gobierno de Barack Obama empezó a permitir que muchos inmigrantes que sorteaban la primera entrevista quedasen en libertad mientras se tramitaba su pedido de asilo. La cantidad de pedidos aumentó significativamente y en el 2016 hubo 92.000 entrevistas, comparado con las 5,000 del 2007.
Sessions se quejó el mes pasado de que había numerosos pedidos de asilo “falsos” y sentó un nuevo precedente al anular el asilo de una mujer salvadoreña identificada con las iniciales A.B. que le había escapado a más de una década de abuso doméstico. “Generalmente los pedidos que involucran violencia doméstica o violencia de pandillas perpetrada por figuras que no trabajan para el gobierno no serán tomadas en cuenta para el asilo”, dijo el secretario de Justicia.
Un informe del Servicio de Ciudadanía e Inmigración publicado el miércoles pasado codificó el cambio de política, diciendo que cuando los acusados de perpetrar actos ilegales no están afiliados con el gobierno, los solicitantes deben demostrar que sus países de origen “no están dispuestos o son incapaces de protegerlos”. Instruye asimismo a los funcionarios que hacen las entrevistas que consideren la posibilidad de que los solicitantes de asilo se radiquen en otras localidades de sus países.
“El funcionario que lleva a cabo la entrevista tiene órdenes de aplicar el precedente de A.B., de modo que cuando la persona dice, ‘mi novio o mi esposo me pegaba’, ellos piensan, ‘¿y con eso qué? Pedido denegado’”, señaló Paul W. Schmidt, ex juez de inmigración de Arlington, Virginia, que se jubiló en el 2016. “El caso pasa entonces a un juez de inmigración, que tiene la orden de seguir el precedente de Sessions. La mayoría de ellos quieren conservar sus puestos y simplemente aprueban lo actuado, no hay un proceso de apelación significativo”.
Los principales países cuyos ciudadanos tratan de demostrar que tienen temores justificados son El Salvador, Honduras y Guatemala, donde la pandilla MS-13 trata de controlar el tráfico de drogas y de personas. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración dice que más de tres de cada cuatro solicitantes de asilo pasaron la entrevista inicial de octubre del 2017 a enero. Esas son las últimas estadísticas disponibles y no reflejan los cambios que hubo tras la intervención de Sessions.
“Los migrantes saben que pueden explotar un sistema quebrado para entrar a Estados Unidos, evitar ser expulsados y permanecer en el país”, afirmó el portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración Michael Bars en un comunicado. Agregó que “los cambios en las entrevistas de asilo han ayudado a reducir” la acumulación de casos pendientes.
Adam Dobson, abogado de Boston que hace poco se ofreció como voluntario para ayudar a las personas que piden asilo en el centro de detención de Port Isabel, dijo que uno de los cambios más relevantes es que ahora los tribunales de inmigración atienden los casos a medida que van llegando, sin dar prioridad a los más viejos.
“La idea es que si resuelves estos casos rápido, es más fácil devolverlos porque no han desarrollado tantos lazos con la comunidad”, manifestó Dobson.
Otros abogados de personas que no pasaron la entrevista inicial dicen que los jueces de inmigración a veces tramitan rápidamente las apelaciones, sin aviso previo y sin esperar a los abogados de los solicitantes de asilo. Otras veces hay abogados presentes, pero casi no se les permite hablar.
“Antes, pillaban a alguien, lo obligaban a que aceptase ser deportado voluntariamente y lo ponían en un autobús”, dijo Eli Kentor, abogado de inmigración de Beberly Hills, California. “Eso es lo que quiere hacer Trump, que la gente no vea a un juez o reciba el proceso correspondiente. Los recogen y los envían de regreso (a sus países) en el mismo día”.
William Silverman, de la firma de abogados de Nueva York Proskauer, se pasó una semana en junio con la familia Dilley en un centro de detención del servicio de inmigración en San Antonio, donde representó a cuatro menores centroamericanos de entre cinco y diez años, que se presentaron solos a una vista de apelación luego de que sus madres no pasasen la entrevista para demostrar temores justificados si regresaban a sus países.
Indicó que el juez les habló a los niños vía un circuito cerrado de televisión, rechazó sus apelaciones y les dijo a los muchachos “buena suerte en sus países”.
“Algunos de los chicos no comprendieron las consecuencias”, manifestó Silverman. “Pero el mayor, apenas habló el juez, no dijo nada, se encorvó y bajó la cabeza. Lucía totalmente abatido”.
