El jardinero de la Florida se atrevió a ir a una oficina del gobierno para entregar sus huellas dactilares y documentos requeridos a inmigrantes que intentan recuperar a niños bajo custodia del gobierno. No fue suficiente.
De inmediato le dijeron que debía pedirle a la mujer que le alquila un cuarto en su casa que también presentara sus huellas dactilares, algo que ella se negó a hacer. Luego buscó que sus amigos que viven legalmente en el país lo ayudaran, pero por temor tampoco quisieron.
“Ya no sé qué hacer”, dijo Tabora, un hondureño de 37 años que ha vivido más de una década en las sombras sin ser detectado por las autoridades. “Mi hija está desesperada, llorando, quiere salir de ahí ya”.
El drama de padres separados de sus hijos en la frontera acaparó la atención este año, pero miles de familias inmigrantes están atravesando una frustración similar: los crecientes obstáculos de un sistema intimidatorio que tienen que enfrentar para tomar la custodia de sus hijos y de familiares menores de edad que llegaron solos ilegalmente al país.
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Como parte de una política migratoria mucho más estricta, el gobierno del presidente Donald Trump ha impuesto normativas más severas y una exhaustiva investigación para que las familias puedan recuperar a estos niños.
El resultado: familias que ya no saben cómo hacer para cumplir los requerimientos, chicos que pasan más tiempo detenidos, y la mayor cantidad de menores migrantes bajo custodia del gobierno que se haya visto en la historia del país.
Las autoridades insisten en que las políticas buscan la seguridad de los niños.
Más de 12,000 menores se encuentran actualmente en refugios del gobierno, comparados con los 2,400 de mayo de 2017. El promedio de días que esos menores pasan detenidos se ha incrementado de 40 en 2016 a 59 días en 2018, de acuerdo con información de las autoridades nacionales.
Los requerimientos incluyen la entrega de huellas dactilares de todos los adultos que habitan la casa a donde viviría el menor. Son también objeto de una investigación más profunda de antecedentes, pruebas de ingresos monetarios y visitas en sus casas, aseguran abogados.
Esta información puede ahora ser compartida con la Policía de Inmigración y Aduanas (conocida como ICE por su nombre en inglés), algo que no sucedía anteriormente.
Esta semana ICE dijo que ha arrestado a unos 41 patrocinadores de niños desde que la agencias comenzaron a compartir la información, en junio.
Abogados y activistas dicen que este cambio ha tenido como efecto que menos personas que viven ilegalmente en el país se atrevan a pedir a sus hijos o familiares por temor a ser deportados.
“Están diciendo: ‘Vamos a perseguir a las personas que cuidan de ellos’ (de los niños)”, dijo Jen Podkul, directora de políticas de la organización de ayuda a inmigrantes Kids in Need of Defense. “No sólo perjudica a ese adulto. Perjudica a ese niño también”.
Desde hace tiempo el gobierno requiere a las familias que pasen por un proceso de investigación para poder desempeñarse como “sponsors” o “patrocinadores” de los menores, un término que se utiliza en Estados Unidos para referirse a los adultos que toman la custodia de niños inmigrantes.
El tema ha ganado importancia en los últimos cinco años, cuando decenas de miles de niños no acompañados de El Salvador, Guatemala y Honduras comenzaron a cruzar la frontera.
Desde octubre de 2014, el gobierno nacional ha reunido a más de 150,000 menores no acompañados con sus padres o con otros adultos patrocinadores que se espera cuiden de ellos y los ayuden a acudir a la escuela mientras intentan obtener un estatus legal en los tribunales de inmigración.
Con Trump, las normativas se han endurecido en lo que el gobierno dice son pasos necesarios para impedir que los niños terminen en casas con personas que tienen antecedentes criminales o problemas que puedan representar un riesgo para los menores.
La decisión de compartir la información con ICE se da porque los casos de niños y adultos inmigrantes son manejados por distintas agencias federales. La Oficina de Reasentamiento de Refugiados, del Departamento de Salud y Servicios Humanos, se encarga de los menores mientras que ICE se encarga de los adultos.
Hasta que se impuso la nueva política de huellas dactilares el gobierno pocas veces compartía esa información con funcionarios de inmigración, a menos que una huella mostrase que un potencial patrocinador tenía un historial particularmente alarmante, dijo Holly Cooper, codirector de la Clínica de Derecho de Inmigración de la Universidad de California en Davis.
Las nuevas normas han puesto a muchos inmigrantes en una posición que antes era impensable: entrar a una oficina del gobierno federal y entregar sus datos personales al gobierno.
Empleados de la Coalición de Intereses Hispanos de Alabama dicen que después de que la Oficina de Reasentamiento de Refugiados empezó a compartir información con ICE, dos de cada cuatro patrocinadores a la semana no se presentaban a citas y unos pocos que fueron a las oficinas se negaron a dar sus huellas.
Si los menores no acompañados no son colocados con patrocinadores que cuiden de ellos pueden acabar en un programa federal de crianza. Algunos podrían ser deportados y devueltos a las mismas situaciones de peligro y pobreza de las que huyeron.
Muchos de los padres y familiares que intentan recuperar a los menores son pobres y para cubrir gastos suelen compartir apartamentos con otros inmigrantes que no son parientes o que están en el país ilegalmente. Muchas de esas personas no quieren ofrecer sus huellas dactilares.
