Un total de 36,009 unidades familiares procedentes de Honduras han sido aprehendidas entre finales de 2018 y principios de 2019, según estadísticas oficiales de ese organismo. La cifra es un notable incremento con respecto a períodos anteriores.
Para ser más exactos, los datos corresponden a los primeros cuatro meses del año fiscal 2019 de Estados Unidos, que son octubre, noviembre y diciembre del 2018, así como enero del 2019.
Este período también coincide con el estallido de otra crisis migratoria centroamericana: caravanas de miles de personas viajando rumbo a territorio estadounidense, en lugar de grupos aislados o solos. Desde Honduras, según reportes de prensa, salieron tres megagrupos, dos en octubre del 2018 y uno reciente, en enero pasado.
Los efectos de estas multitudes de migrantes, que grupos de derechos humanos prefieren denominar refugiados por ser desplazados por la violencia y la pobreza, son evidentes en los registros de Estados Unidos.
Los números de los primeros cuatro meses del año fiscal 2019, un total de 36,009 familias, se acercan a lo reportado en todo el año fiscal 2018, cuando detuvieron a 39,549 unidades familiares. Falta considerar el impacto de la llegada de la última caravana que salió en enero y que se tiene previsto que alcance la frontera estadounidense en febrero.
Incluso, el 2018 ya había reportado un fuerte aumento con respecto al 2017, tal y como lo ilustra el gráfico siguiente.
En 2014, Estados Unidos registró un inusual incremento de llegadas de inmigrantes centroamericanos a su frontera sur, pero con un perfil preocupante: menores sin papeles que viajaban solos. En el período fiscal de ese año, al menos 18,244 niños y niñas hondureñas sin acompañantes fueron detenidas por la Patrulla Fronteriza.
Este fenómeno obligó a los gobiernos del Triángulo Norte de Centroamérica -Guatemala, Honduras y El Salvador- a solicitar al gobierno de Estados Unidos apoyo para frenar el éxodo de inmigrantes.
Tras negociaciones y propuestas, nació el Plan Alianza para la Prosperidad, un programa mediante el cual la administración estadounidense desembolsaría una partida presupuestaria, mientras que las naciones centroamericanas pondrían una contraparte, para mejorar la economía y reducir la inseguridad, con el objetivo de atacar las causas de la migración en los países de origen.
Los números de menores no acompañados han sido inestables, con descensos e incrementos entre períodos, aunque nunca han vuelto al pico de 2014.
Tras anunciarse la caravana de enero pasado, el gobierno de Honduras se mostró riguroso ante el viaje menores y giró instrucciones para que no salieran aquellos sin la documentación requerida.
