VIRGINIA, ESTADOS UNIDOS.- La hondureña
Saraí Verónica Solórzano Figueroa (35) y la salvadoreña
Enna Pérez Santos (33), (ambas residentes en Culpeper, Virginia), fueron acusadas por un gran jurado federal en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Charlottesville por un cargo de conspiración para cometer
fraude de visa.
La culpabilidad fue revelada el martes después de las apariciones iniciales de ambas señaladas.'Este supuesto esquema de fraude de visa, además de violar las leyes federales de inmigración, pone en riesgo a los oficiales de la ley y a la comunidad circundante', precisó este miércoles una de la abogadas estadounidenses del caso.
'El Departamento de Justicia sigue comprometido a trabajar con nuestros socios federales, estatales y locales para procesar la inmigración fraudulenta y preservar el estado de derecho', añadió.
Por su parte, el agente Especial Raymond Villanueva a cargo de las investigaciones de Seguridad Nacional de Inmigración y Control de Aduanas dijo que 'no debe esperar usar mentiras y engaños para explotar el sistema'.
'Este tipo de fraude para obtener una visa reservada para las víctimas de criminales es excepcionalmente perverso, y felicito a los agentes especiales de HSI, a nuestros socios locales y abogados estadounidenses por el extenso trabajo desarrollado para llevar este caso a los tribunales', enfatizó.
Según la acusación, en septiembre del año pasado Figueroa y Santos idearon un plan para organizar un secuestro y robo a mano armada en su lugar de empleo, una tienda de conveniencia en Culpeper. El propósito era convertirse en víctimas de un crimen para ser elegibles para una Visa U, un documento para personas que han sido víctimas de un delito.
La culpabilidad fue revelada el martes después de las apariciones iniciales de ambas señaladas.'Este supuesto esquema de fraude de visa, además de violar las leyes federales de inmigración, pone en riesgo a los oficiales de la ley y a la comunidad circundante', precisó este miércoles una de la abogadas estadounidenses del caso.
'El Departamento de Justicia sigue comprometido a trabajar con nuestros socios federales, estatales y locales para procesar la inmigración fraudulenta y preservar el estado de derecho', añadió.
Por su parte, el agente Especial Raymond Villanueva a cargo de las investigaciones de Seguridad Nacional de Inmigración y Control de Aduanas dijo que 'no debe esperar usar mentiras y engaños para explotar el sistema'.
'Este tipo de fraude para obtener una visa reservada para las víctimas de criminales es excepcionalmente perverso, y felicito a los agentes especiales de HSI, a nuestros socios locales y abogados estadounidenses por el extenso trabajo desarrollado para llevar este caso a los tribunales', enfatizó.
Según la acusación, en septiembre del año pasado Figueroa y Santos idearon un plan para organizar un secuestro y robo a mano armada en su lugar de empleo, una tienda de conveniencia en Culpeper. El propósito era convertirse en víctimas de un crimen para ser elegibles para una Visa U, un documento para personas que han sido víctimas de un delito.
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Los hechos
Todo sucedió el pasado 30 de septiembre de 2018, aproximadamente a las 10:00 de la noche, cuando el hijo de Figueroa, vestido con un traje acolchado y una máscara, se acercó a Santos con una pistola falsa, mientras ella sacaba la basura en la tienda de conveniencia.
El joven obligó a Santos que regresara a la tienda amenazándola con una pistola. Una vez dentro, le ordenó a Figueroa, su madre, que le diera dinero. Todo era un truco, algo falso que habían conspirado específicamente para el robo organizado. El hijo de Figueroa luego las llevó a su auto para fingir un secuestro.
Todas estas acciones fueron filmadas por las cámaras de seguridad de la tienda, por lo que la policía detuvo al autor material y a las inmigrantes para acusarlos.
Declaración
Santos narró a la policía cómo ella y Figueroa fueron víctimas de un robo a mano armada y un secuestro, incluso explicaron el miedo que sintieron durante el robo. Ese relato era parte de la conspiración que las dos acusadas planeaban informar a la policía, que luego formaría la base de su petición de la Visa U.
El seguimiento del caso fue conducido por las investigaciones de Seguridad Nacional de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, el Departamento de Policía de Culpeper y la asistente especial del fiscal de los Estados Unidos, Kate Rumsey, procesará el caso en los Estados Unidos.
Una acusación del gran jurado es solo un cargo y no evidencia de culpabilidad. Los acusadas tienen derecho a un juicio justo con la carga del gobierno de probar culpabilidad más allá de toda duda razonable.
