Juan Orlando Hernández enfrenta decisión crucial: negociar o ir a juicio

NUEVA YORK, EUA.- La justicia de Estados Unidos dio este lunes 12 de febrero de 2024 un respiro al proceso judicial que se le sigue al expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, y postergó el inicio del debate para dentro de una semana.

En este periodo, Hernández, mantiene abierto dos caminos, pero solo podrá decidirse por uno.

El primero es comenzar un proceso de negociación con la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y declararse culpable de los cargos, para evitar un castigo de cadena perpetua y más.

A criterio de la abogada independiente Carolina Meléndez, todavía hay espacio para que Hernández pueda establecer un acercamiento con los fiscales por lo que “esa posibilidad no se descarta, existe la ventana para que haya negociaciones en ese periodo de tiempo. Todo puede pasar”.

Pero la defensa de Hernández ha descartado a lo largo de todo el proceso judicial que exista una declaración de culpabilidad en virtud de que consideran que su defendido es inocente de los cargos.

La segunda brecha que tiene el exmandatario es enfrentar el juicio en el que los fiscales han preparado un arsenal de pruebas con las que pretenden que el jurado dicte un fallo de culpabilidad en su contra.

Y es por eso que el juez asignado a este histórico caso, Kevin Castel, ha otorgado el espacio para que tanto Hernández y su defensa sigan preparándose para el debate.

Oficialmente Hernández continuaba recorriendo el camino hacia su juicio, por lo menos hasta la publicación de este artículo.

“El juicio se aplaza del 12 de febrero de 2024 al 20 de febrero de 2024. La Ley de Juicio Rápido excluye el tiempo hasta el 20 de febrero de 2024 para permitir que el acusado Juan Orlando Hernández continúe preparándose para el juicio. El acusado continúa detenido”, ratificó Castel.

Aunque Raymond Colon, abogado del expresidente, aseveró que el aplazamiento se materializó en virtud de que la Fiscalía no ha divulgado las pruebas clasificadas.

“No nos dieron la información clasificada a tiempo”, aseveró Colon mientras ingresaba a la Corte de Nueva York a una audiencia en el caso de Hernández que finalmente fue suspendida y postergada.

Con la resolución del juez no significa que las etapas procesales del caso estarán estancadas.

Castel en su fallo del lunes 12 de febrero de 2024 estableció que durante esta semana se desarrollarán dos audiencias; una que será para que los fiscales y los abogados del exmandatario discutan las pruebas clasificadas en base a la Ley de Procedimientos de Información Clasificada (CIPA).

“La discusión de los procedimientos CIPA se llevará a cabo durante el intervalo antes del inicio del juicio el 20 de febrero de 2024. La audiencia clasificada se aplaza para el 14 de febrero de 2024 a las 10:00 am”, indica el escrito.

Un día después, el jueves 15 de febrero a las 10:00 AM, el juez Castel desarrollará la segunda audiencia que es una conferencia de estado en la que determinará que tipo de prueba clasificada será útil para ser evacuada durante el debate.

La Corte aceptó el lunes como abogada adicional de Hernández a Sabrina Shroff para representarlo en el proceso junto a otros dos abogados.

“Shroff se ha desempeñado como abogada contratada y autorizada del acusado durante más de un año centrándose en cuestiones que surgen en virtud de la Ley de Procedimientos de Información Clasificada (CIPA). En esa capacidad, se ha familiarizado íntimamente con la teoría de la defensa y el alcance probable del testimonio propuesto por el acusado y ha presentado argumentos al Tribunal sobre los mismos procedimientos clasificados orales y escritos”, estableció Castel en otro escrito.

Además de Shroff, el 23 de enero de 2024, el Tribunal determinó que el acusado era elegible para el nombramiento de un abogado bajo el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA), y nombró a Renato Stabile como defensor adicional. Mientras que Colon fue nombrado desde que el exmandatario fue extraditado en abril de 2022.

“El Tribunal considera útil que un abogado defensor autorizado (Shroff y Stabile) participen en el juicio debido a las cuestiones que probablemente surjan. Esto no sería posible sin un nombramiento de la CJA debido a la supuesta falta de acceso a fondos del acusado”, sostuvo Castel.

En un intervalo de dos días y muy probablemente antes del inicio del juicio, se elegirán a los integrantes que conformarán el jurado.

“El Tribunal considera que la propuesta de un intervalo de ‘aproximadamente dos días’ entre la selección del jurado y las declaraciones iniciales es incompatible con la preocupación legítima del Tribunal de no prolongar el servicio del jurado”, indica un fallo del juez.

Aduce que “la experiencia enseña que los jurados prefieren reunirse cinco días a la semana durante jornadas de seis horas para que el juicio pueda completarse de manera justa, oportuna y eficiente”.

Asimismo reconoce que “el impulso de un juicio se construye cuando las aperturas de las partes y el llamado del primer testigo siguen lo más cerca posible de la finalización de la selección del jurado. Establecer la duración real del juicio, incluido el intervalo cuya duración sólo puede ser aproximado, reduce el grupo de jurados dispuestos a servir”.

El lunes 12 de febrero, un equipo periodístico de EL HERALDO arribó hasta la sala D del undécimo piso de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York para conocer detalles del proceso que se le sigue Hernández.

Un alguacil de la Corte reconfirmó que “no hay nada programado. Todo pasó para el 21 de febrero”, fecha en la que muy probable inicie el desfile de poderosos narcotraficantes, cuyos testimonios forman parte de la carga probatoria de los fiscales.

Al lugar también acudieron un grupo de fiscales del Ministerio Público y funcionarios del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), quienes llevarán de cerca el juicio para que en base a las pruebas se puedan iniciar investigaciones en el país, y más de una docena de periodistas que dan cobertura al juicio.

Mientras tanto, hasta las afueras de la Corte, arribaron al menos 25 hondureños, que protestaron y exigieron que el expresidente Hernández fuera condenado a cadena perpetua.

Ellos exhortaron a la justicia de Estados Unidos a extraditar a los funcionarios que rodearon a Hernández durante sus dos mandatos de gobierno entre 2014 y 2022 porque consideraron que forman parte de la conspiración de tráfico de drogas.